El 7 de abril del 2009, el exdictador Alberto Fujimorifue sentenciado a 25 años de prisión por las matanzas que ejecutó el Grupo Colina en los casos "La Cantuta" y "Barrios Altos", en los que fallecieron un total de 25 personas. La justicia peruana declaró a Fujimori “autor mediato de los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro” también por los casos de Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, secuestrados en 1992.
Tras la caída de la dictadura, publicado el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)y más aún después de la sentencia contra Fujimori, los seguidores del exdictador y la organización política fujimorista no han descansado en una campaña de desprestigio y odio contra las víctimas y sus familiares.
"Es un discurso no solamente de negación, es el negacionismo frente a los crímenes y violaciones a los derechos humanos, y de mucho odio sobre las víctimas como si fueran los culpables de los crímenes que se cometieron y contra los familiares que hemos activado nuestro derecho a la justicia", dijo Gisela Ortiz, hermana de Luis Enrique Ortiz, estudiante de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle asesinado en la matanza de La Cantuta.
En el programa 'La Resaca', Ortiz consideró que toda esa carga negativa en contra de las víctimas de la dictadura y sus familiares se vuelve más intensa en épocas electorales "con insultos y difamación".
"Nos hemos mal acostumbrado y hemos normalizado esta difamación constante, de generar calificativos como 'terroristas' a quienes hemos hecho ejercicio del derecho a la justicia. Esos hechos son los que nos alertan del peligro de que la señora Fujimori llegue al poder" señaló.
"El discurso de odio no ha cambiado, más bien se ha multiplicado por las redes sociales de manera masiva. Eso permite que se normalice, de eso que hay que hablar y hay que llamar la atención por el peligro que esto significa", agregó.
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Para la activista de derechos humanos hay aspectos del entorno actual de Keiko Fujimori que preocupan.
"¿Qué ha cambiado del fujimorismo de los noventa a este fujimorismo del siglo XXI? En realidad el entorno sigue siendo el mismo, personas que han sido parte del gobierno de Fujimori ahora están nuevamente en lugares que toman decisiones sobre la política y el rumbo que tomaría el gobierno de Keiko", dice Ortiz en referencia a personajes como Carmen Lozada, vinculada a Vladimiro Montesinos, exjefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y exasesor presidencial del exdictador Fujimori.
Del fujimorismo de los noventa también viene Jorge Baca, quien fue sentenciado por haber avalado el irregular salvataje financiero del Banco Latino con 41.2 millones de euros provenientes de fondos públicos.
Además, Ortiz advirtió también del peligro que representan los electos congresistas del partido fujimorista Fuerza Popular, ya que se trata de "personas que van a tener poder y capacidad de decidir sobre las leyes que van a regir en nuestro país".
Es lamentable, dijo, que estos tengan un discurso de odio y que nieguen no solamente los hechos que han ocurrido en los ochenta y noventa, la responsabilidad de las fuerzas armadas y policiales, así como la responsabilidades de Sendero Luminoso y del MRTA.
"Cuando hablamos de unos no quiere decir que nos olvidemos de los otros. Los peruanos siempre estamos perdiendo la oportunidad de aprender, de conocer esos hechos justamente porque tenemos que tener un compromiso con ese nunca más, de violaciones de derechos humanos nunca más", señaló Ortiz.
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Por otro lado, Ortiz dijo que no ha habido ningún acercamiento con el candidato Pedro Castillo (Perú Libre) y que las organizaciones y defensores de derechos humanos han manifestado su preocupación por la posición de Castillo sobre los derechos humanos.
"Debemos reconocer que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es una garantía de justicia, principalmente en países como el nuestro donde la regla es la impunidad y donde no hay celeridad para investigar, no hay colaboración de las instituciones del Estado para brindarle información que se requiere para acusar a los violadores de derechos humanos, y muchas veces cuando hay sentencias algunas no son efectivas", recordó Ortiz.
Fujimori también fue condenado por delitos de corrupción, abuso de poder, robo de fondos del Estado y por la transferencia de 15 millones de dólares a Montesinos.
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