La Primera Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial ratificó la comparecencia con restricciones contra el expresidente Martín Vizcarra al declarar infundada la apelación que presentó el Equipo Especial Lava Jato, que buscaba la prisión preventiva de 18 meses de prisión preventiva contra el exmandatario por haber recibido presuntos sobornos cuando fue gobernador regional de Moquegua. 

De esta manera el Poder Judicial confirmó la comparecencia restringida interpuesta por el máximo órgano de justicia al exjefe de Estado el pasado 18 de marzo. Sin embargo, según la resolución, la caución, por la condición económica de Vizcarra, que se fijó en un primer momento a S/ 100.000, aumentó a S/ 250.000, los que deberá cancelar y depositar próximamente en el Banco de la Nación.

Según información de La República, la votación fue de 2 a 1, donde uno de los jueces emitió un voto singular. Con esto se determinó que el pedido de prisión preventiva interpuesto por el Ministerio Público vuelva a ser evaluado en el juzgado de origen.

Como se recuerda, la jueza María Álvarez Camacho rechazó el pedido de prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra Vizcarra al resaltar que no representa peligro de fuga ni de obstaculización. No obstante, ordenó que el exjefe de Estado no deberá ausentarse de la localidad donde reside sin previa autorización judicial y pasar un control biométrico de manera mensual.

Del mismo modo, Martín Vizcarra estará prohibido de comunicarse con los coimputados, testigos, peritos y otros involucrados en el caso, así como no ventilar en los medios de comunicación información relacionada al caso.

En su defensa, el hoy candidato al Congreso de Somos Perú sostuvo que la fiscalía “no tiene argumentos” para reiterar su pedido de meterlo a prisión para seguir con las investigaciones el caso 'Club de la Construcción' que lo involucran por haber recibido supuestas coimas cuando era gobernador regional de Moquegua entre el 2011 y 2014.

Asimismo, aseguró que no evadirá la justicia a pesar de sentirse “perseguido políticamente” por la Fiscalía, ya que, según dijo, tiene hasta quince acusaciones constitucionales en el Congreso de la República, requerimientos de prisión preventiva, y además tuvo “tachas y exclusiones de representantes de otros partidos políticos”.

“En estos momentos me siento como un chivo expiatorio. Es decir, como (la Fiscalía) no tiene nada que mostrar en el caso Odebrecht y no tienen nada que demostrarme en el Club de la Construcción. Por tanto, no hay nadie en la cárcel en estos casos tan importantes. Entonces intentar meter a la cárcel a un gobernador regional, alguien que fue reconocido como el mejor gobernador regional del Perú”, manifestó el último 29 de marzo.

resolución de la sala de apelaciones

(Foto: Andina)

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