De espaldas a la sociedad civil. Sin consultar con las ciudadanas y ciudadanos que serían afectados, la Comisión de Inclusión Social y de Personas con Discapacidad del Congreso de la República aprobó modificar la Ley 29973, cuyo objetivo es la promoción, protección y realización, en condiciones de igualdad, de los derechos de la persona con discapacidad.
Como señala la norma, esto debe hacerse "promoviendo su desarrollo e inclusión en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica". Sin embargo, la Comisión de Inclusión del Congreso no los incluyó al no consultar con los colectivos que representan a las personas con discapacidad.
Las organizaciones de la sociedad civil han rechazado la aprobación del dictamen en la Comisión y piden que no se discuta en el Pleno del Congreso. En un comunicado, organizaciones sociales denunciaron que este dictamen se discutió en una sesión poco transparente, la cual durante 30 minutos aprobó una propuesta de más de 120 artículos que afecta a más del 10% de la población peruana.
"El dictamen introduce un retroceso significativo en los derechos conquistados por este colectivo, se pretende supeditar los derechos a la severidad de los diagnósticos. Por ejemplo, las cuotas laborales y educativas se restringen a un porcentaje de severidad, el acceso a la defensa pública y becas cubre únicamente a personas con discapacidad grave", señalan los colectivos.
Para las organizaciones, este proyecto no contribuye de forma significativa con mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, no recoge las demandas del colectivo que han cambiado de forma dramática con la emergencia sanitaria. Este dictamen no guarda relación con la Política de Discapacidad de Desarrollo que se encuentra en etapa de consulta por parte de CONADIS.
"Consideramos que aprobar una nueva ley de personas con discapacidad, sin consulta, representa un pésimo precedente que ignora el amplio proceso con el cual se adoptó la ley 29973. Las personas con discapacidad tienen el derecho a ser consultadas — utilizando todas las medidas de accesibilidad, ajustes, textos en formatos sencillos— durante cada etapa del proceso de aprobación de cualquier iniciativa legislativa", agregan las organizaciones en un comunicado.
Los colectivos que representan a las personas con discapacidad señalan que existen aspectos específicos que pueden ser objeto de modificación y que pueden contribuir al ejercicio de derechos de este colectivo. Básicamente, se debe cumplir la Ley 29973 que está vigente y hacerle mejoras.
En un contexto de emergencia sanitaria, las organizaciones piden un uso eficiente de los recursos. Una de las propuestas es una Ley de asistencia personal y cuidados que responda a las necesidades de las personas con discapacidad que requieren servicios de asistencia personal. "Esta problemática, por su complejidad, debería abordarse en una ley específica", proponen.
Finalmente, recuerdan que la Ley 29973 fue aprobada con amplia legitimidad, ya que fue una iniciativa ciudadana que llegó al Congreso con cerca de 80,000 firmas. Para su discusión y aprobación, se movilizaron organizaciones a nivel nacional; el texto fue discutido ampliamente en foros, consultas, mesas de trabajo.
"La aprobación de una nueva ley en esta materia no debería reducir este estándar de participación y legitimidad, sentando un pésimo precedente", resaltan las organizaciones.
Las personas con discapacidad piden ser incluidos y que se respete el derecho a consulta para poder tener una ley que los represente.
[Foto de portada: Andina]
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