La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, convocó a pleno virtual este sábado 20 de febrero a las 10.30 de la mañana para tratar la moción presentada por la bancada de Acción Popular, la cual solicita a los 130 legisladores someterse a un peritaje para descartar que poseen anticuerpos contra el coronavirus con el fin de revelar si han sido vacunados de manera irregular con las dosis experimentales de Sinopharm.

La moción de orden del día también exhorta a hacer lo propio a los titulares de diversas instituciones como la Contraloría, Defensoría del Pueblo, Jurado Nacional de Elecciones, así como los exministros y actuales ministros de Estado, entre otros para descartar que tengan anticuerpos neutralizantes post vacuna.

Mirtha Vásquez se refirió a la aplicación irregular de las vacunas y sostuvo que la inhabilitación política sí puede ser una sanción posible para funcionarios públicos que lesionaron gravemente el sistema y mellaron la confianza en las instituciones en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19.

“Si los funcionarios se prestan para cometer actos tan graves que van en contra de bienes tan fundamentales como la vida y salud de la gente, sí creo que la inhabilitación puede ser una de las medidas que se aplique”, indicó la titular del Congreso.

“Lo menos que se puede pedir, además de las sanciones penales, son las sanciones políticas sobre funcionarios que cometen estos hechos”, puntualizó en entrevista con CNN en Español, añadió.

Vásquez afirmó que se necesita de voluntad política para que el proceso de investigación avance respetando el debido proceso y se pueda tomar una decisión antes que asuman las nuevas autoridades en julio próximo. “Legalmente existe la posibilidad de que, cumpliendo estrictamente los plazos, se pueda llegar a obtener el resultado de una investigación que genere un impacto política y legalmente”, consideró.

El pasado 16 de febrero, el Pleno de Congreso aprobó la creación de una comisión multipartidaria que investigue el presunto favorecimiento de la aplicación de las vacunas, respecto al expresidente Martín Vizcarra, su familia, exministros de Estado y toda persona beneficiada indebidamente. 

Dicho grupo de trabajo tendrá un plazo de 15 días para entregar un informe en el que se identifiquen las responsabilidades políticas en la aplicación de las dosis extras a los funcionares de Estado y personal externo a los ensayos clínicos de la vacuna de Sinopharm.

Por otro lado, la mayoría de bancadas decidió en Junta de Portavoces excluir al Partido Morado y Somos Perú de la comisión bajo el argumento de “evitar un posible conflicto de intereses”. El legislador Guillermo Aliaga calificó el hecho como un “avasallamiento” hacia el expresidente.

(Foto: Andina)

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