La unidad de Asuntos Internos de la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior inició proceso administrativo disciplinario contra diez altos mandos de la Policía Nacional por faltas graves y muy graves ocasionadas durante las marchas de noviembre contra el régimen de Manuel Merino, donde fallecieron los jóvenes Bryan Pintado e Inti Sotelo.

En diálogo con IDL-Reporteros, el jefe de la Oficina de Integridad, Luis Naldos Blanco, informó que el procedimiento administrativo disciplinario se ha iniciado luego de una etapa de indagación de treinta días hábiles que empezó el 18 de noviembre y culminó el 6 de enero. En ese sentido, indicó que los resultados de la pesquisas serán enviados a Inspectoría de la PNP. 

”Nosotros tuvimos una reunión la semana pasada en el grupo intersectorial donde están los familiares de los fallecidos y sus abogados. Ahí les anunciamos que había terminado la etapa de acciones previas y se iba a decidir el inicio el procedimiento administrativo disciplinario. Este lunes 11 de enero se ha emitido la resolución de inicio de dicho procedimiento”, afirmó Naldos a La República.

A este mismo medio explicó que como en todo proceso administrativo a nivel de cualquier estamento del Estado, hay dos órganos: el investigador y el sancionador. En este caso, el órgano investigador es la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, porque según la Ley 30714 cuando hay generales involucrados la competencia le corresponde a esta oficina, que es una oficina civil.

Naldos precisó que el proceso administrativo como tal puede durar hasta cincuenta días hábiles. Terminada esta etapa el caso pasa a Inspectoría General de la Policía que actúa como órgano de decisión en primera instancia. La ley prevé un recurso de apelación por el Tribunal de Disciplina Policial. Asimismo, resaltó que lo que se ve en el proceso administrativo disciplinario son las infracciones a la función policial.

”Nosotros no somos competentes para determinar quién disparó, quién fue el autor de las muertes de los jóvenes que lamentablemente fallecieron. La determinación sobre quién mató es competencia exclusiva y excluyente de la fiscalía”, añadió.

El jefe de la Oficina de Integridad evitó dar los nombres de los generales procesados debido a que existe el principio de reserva señalado en la Ley 30714. Alertó que, de transgredirlo, se daría el argumento a la defensa legal de los procesados para impugnar o trabar el caso. ”Lo que nosotros queremos es hacer un proceso con todas las garantías y respetando el marco legal. Si lo transgredimos, boicoteamos nuestra propia investigación. No es falta de transparencia, lo que hay es respeto a los plazos y a las reservas establecidas en la ley”, agregó Naldos.

(Foto: Ojo Público)

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