En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, se realizó en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), mujeres defensoras de derechos humanos se reunieron para exigir a la presidenta del Poder judicial, Elvia Barrios, y a la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos justicia, imparcialidad, celeridad, protección, reparación y verdad para las víctimas y sobrevivientes del conflicto y post conflicto armado interno.
Entre los delitos cometidos durante esta época, están violencia sexual, esterilizaciones forzadas, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, desapariciones y violaciones seguidas de feminicidio contra niñas y mujeres, así como criminalización de la protesta social.
“Saludamos a la Dra. Elvia Barrios por ser la primera presidenta del Poder Judicial y conocedoras de su compromiso con la justicia de género, le demandamos a ella y a la Dra. Zoraida Avalos garantizar el respeto por la autonomía e independencia de la justicia, la cual debe ser libre de injerencias políticas y corrupción. También demandamos que adopten medidas urgentes para garantizar verdad, justicia y reparaciones integrales para las mujeres”, indicó María Ysabel Cedano, abogada de Demus.
En ese sentido, las mujeres defensoras de derechos humanos consideran que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el caso Morales Bermúdez es una "puerta a la impunidad".
“El juez Rafael Martínez no debe aplicar la sentencia del TC que declara la prescripción de delitos de lesa humanidad anteriores al año 2003, en el cual se incluye el caso de esterilizaciones forzadas y el caso Manta. Además, en coordinación con el Fiscal Pasión Jesús Hermosa Abad deben garantizar que están tomando todas las medidas para que la audiencia de sustentación de cargos del 11 de enero del 2021 se realice, cumpliendo con notificar a todas las partes, incluyendo las más de 1,300 denunciantes y que se cuente con traductores”, indicó Cedano.
Las víctimas exigen al juez Rafael Martín Martínez y a la Sala Penal Nacional B no aplicar la sentencia en los casos de Morales Bermúdez, esterilizaciones forzadas y juicio Manta. Señalan que la sentencia, no puede abrir puerta de la impunidad a todos los crímenes cometidos en los 80 y 90. Explican que este fallo contraviene la norma internacional imperativa que establece que los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones a los derechos humanos no prescriben.
Además, las mujeres defensoras exigieron la investigación y remoción del fiscal Guzmán Baca, que pretendió exculpar a Fujimori y sus ex ministros de salud en el caso de esterilizaciones forzadas, no denunció a todos los autores implicados y que provocaron la muerte de Mamérita Mestanza y buscó archivar el caso Castrillón con argumentos falaces y discriminatorios.
“El fiscal Guzmán Baca intento archivar el caso de Guillermo Castrillón en septiembre del 2020, en donde 16 denunciantes de violencia sexual persiguen justicia desde el año 2017.” comentó Lili Albornoz, integrante de Collera.
Por otro lado, demandaron justicia para Solsiret, Patricia Villafuerte, Shirley Villanueva y para todas aquellas víctimas de feminicidio, desapariciones y violaciones, cuyos delitos la Policía Nacional del Perú (PNP), fiscales y jueces no tramitan con la debida diligencia. Además, rechazaron la represión policial cometida durante las protestas sociales y denunció violencia sexual como desnudamiento forzado y tocamientos sin consentimiento.
“Las mujeres que salen a las calles individual y colectivamente a ejercer su derecho a la protesta, a la libertad de expresión, la expresión artística en defensa de derechos y memoria, deben de saber que no están solas”, concluyó la abogada de Demus.
Por el Día Internacional de Derechos Humanos, en el LUM (Lugar de la memoria), se llevó a cabo un encuentro organizado por Somos 2074 y muchas más, Collera y Demus con la finalidad de sanar para seguir luchando y mantener la memoria para exigir verdad, justicia y reparación integral para las víctimas durante y post conflicto armado interno (1980-2000).
Como parte de la jornada, las participantes demandaron al Poder Judicial y al Ministerio Público medidas que garanticen la debida diligencia reforzada, garantías judiciales, imparcialidad, celeridad, no discriminación ni revictimización, protección a las denunciantes y sanción a los victimarios, en las investigaciones fiscales y judiciales, en los juicios en curso.
El evento convocó a las denunciantes, víctimas y sobrevivientes de las esterilizaciones forzadas y otros crímenes de lesa humanidad, graves violaciones a los derechos humanos y delitos resultado de la violencia feminicida, junto con artivistas y activistas defensoras de derechos. Así como integrantes de Somos 2074 y Muchas Más, Colectiva Juntos Perú por Justicia, AVEF Asociación de Mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas de Lima y Callao, APRODEH, Collera, Demus, quienes realizaron un ritual de sanación para transformar el dolor, la rabia, la pena, la impotencia en clamor por justicia.
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