En medio de la pandemia, en mayo pasado, cientos de trabajadores tercerizados de la salud pública protestaron por un empleo digno. Las peligrosas condiciones de trabajo por la emergencia sanitaria del Covid-19 provocaron que un problema por el que los trabajadores públicos reclaman hace años sea tomado en cuenta por la opinión pública. Ante los reclamos, el entonces gobierno de Martín Vizcarra anunció medidas para pasar a los trabajadores tercerizados al régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). Sin embargo, como señalamos en su momento, la Ley 29849 (2012) estableció que este régimen laboral sea eliminado progresivamente. 

El lema #CASNuncaMás que usan los trabajadores públicos se basa en un principio de igualdad: a igual trabajo, igual remuneración. Ese es el principal argumento de los trabajadores que piden que se elimine el Régimen Laboral CAS. Aparte de no poder conseguir estabilidad laboral, los trabajadores que están bajo este régimen no tienen derecho a CTS, de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1057.

Por ello, los trabajadores públicos se encuentran desprotegidos ante eventuales despidos arbitrarios, ya que el empleador (el Estado) puede no renovar el contrato sin necesidad de justificar su medida. 

En enero pasado, Vizcarra aprobó el Decreto de Urgencia N° 016-2020 y derogó la Ley Nº 24041, que establecía que los "servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por causas previstas" en el Decreto Legislativo Nº 276. Con ello, los trabajadores CAS habían perdido la posibilidad de pedir reposición en caso de despidos arbitrarios. Ante ello, en noviembre pasado, el Congreso restituyó la Ley N° 24041.

Según la Ley 29849 (2012), el Estado peruano debía eliminar progresivamente el régimen CAS. Actualmente, los trabajadores del sector público que se encuentran bajo este régimen especial denuncian trato desigual, ya que desempeñan similares laborales que los empleados que laboran bajo el régimen del Decreto Legislativo 728, pero reciben distintas remuneraciones y no tienen los mismos beneficios.

Al menos 150,000 (ciento cincuenta mil) trabajadores del sector público laboraban en la informalidad en el 2017, según un informe de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR). SERVIR advirtió que estas personas eran subordinadas a pesar que estaban contratadas vía locación de servicios.

En los últimos años, desde diversos sectores del Estado, se ha venido denunciando el carácter discriminatorio del Régimen CAS. En estos momentos, el Pleno del Congreso debate la eliminación de este régimen laboral en el sector público.


[Foto de portada: Andina]


Notas relacionadas en LaMula.pe:

¿Se ha eliminado la tercerización de trabajadores en la salud pública de Perú? [Cronología]

Ministro de Salud: Hemos "eliminado" a contratados como servicios de terceros para ponerlos como CAS

Sentencia considera inconstitucional decreto del Ejecutivo que afecta a trabajadores estatales

Trabajadores de la Defensoría denuncian incumplimiento de convenios colectivos

Poder Ejecutivo no cumple ni con trabajadores ni magistrados del Poder Judicial

Trabajadores del Poder Judicial inician paro nacional: piden al MEF asegurar aumento de salarios