El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad que interpuso el Ejecutivo contra la ley que ordena la devolución de hasta una UIT de aportes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). La decisión fue tomada por unanimidad con el voto de seis magistrados entre los seis magistrados que participaron en la sesión. Ernesto Blume se reportó enfermo y no participó de la misma. También se decidió que el ponente del caso será el magistrado José Luis Sardón. 

En base a experiencias previas, esto puede ocurrir en una semana, luego de lo cual la demanda será remitida al Congreso para que sea contestada en el plazo legal de 30 días hábiles. Si el Congreso espera hasta el último día para contestar (a finales de enero de 2021) la audiencia pública podría realizarse entre febrero y marzo, dependiendo de la decisión que tome la presidencia del TC. Luego de la audiencia pública sigue la elaboración de la ponencia y la deliberación del caso, que podría realizarse en marzo.

La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, aseguró este jueves que responderán “lo antes posible” la demanda de inconstitucionalidad que presentó el Ejecutivo en contra de la ley aprobada por insistencia para permitir el retiro de fondos de la ONP, y que están a la espera de la notificación de parte del TC. “[¿Cuándo responderá el Congreso la demanda de inconstitucionalidad?] Lo antes posible. Lo ideal es que nosotros podamos hacer que estos hechos se judicialicen rápidamente y viabilizar una respuesta para que el TC conteste y pueda absolver las dudas”, dijo ante la prensa esta mañana.

El magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa-Saldaña, señaló a La República que este organismo tiene previsto dar prioridad a la demanda que tramitará el Gobierno contra la ley de la llamada "devolución" de aportes de la ONP. Por su parte, su colega Carlos Ramos explicó que la audiencia de fondo del caso recién sería en febrero del 2021, debido a los plazos procesales.

Entre los principales cuestionamientos a la norma, el Ejecutivo afirma que la ley afecta el Sistema Nacional de Pensiones, que funciona como un “fondo de reparto solidario”, en donde el otorgamiento de pensiones a los actuales pensionistas se financia con lo recaudado por el aporte de los afiliados activos. Si este fondo se emplea para dar cumplimiento a la Ley, se pondría en riesgo el pago de pensiones, afirmó el procurador Luis Huerta.

(Foto: Andina)

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