Es escenario de frecuentes conflictos socioambientales debido a la ubicación de proyectos como Las Bambas (MMG Limited, China) y Antapaccay (Glencore, Suiza). El Corredor Vial Apurímac-Cusco, también conocido como 'Corredor Minero del Sur' ahora vuelve a ser mencionado por altos funcionarios públicos.
Este lunes, en una entrevista publicada en Gestión, el titular del Ministerio de Cultura, Alejandro Neyra, señaló que espera que se complete la identificación de pueblos indígenas en la zona.
En la entrevista, el ministro responde sobre "reactivación económica" y problemas de "demora" de los proyectos de inversión. Acerca de la consulta previa, se le preguntó cómo iba el avance en la identificación de los pueblos indígenas.
"El procedimiento de consulta previa, tal cual, demora 120 días y no debe tardar más que eso. Por ello, se está reiniciando, por la facilidad de tránsito, la identificación de más de 300 localidades para incorporar a la base de datos, para que el proceso de consulta previa en el corredor minero del sur se haga más eficiente", respondió el ministro.
"¿Cuándo se terminará en el corredor minero?", le repreguntaron a Neyra.
"Para el trabajo en el corredor minero del sur son más o menos 300 localidades. Esperamos que por lo menos identificar 150 este año y el resto el próximo año, pero sí una tarea que nos interesa bastante", agregó.
Debemos entender entonces que serían cerca de 300 pueblos indígenas o comunidades campesinas las que serían incluidas en la Base de Datos que el Ministerio de Cultura elabora para respetar el derecho a la consulta previa.
En este sentido, el ministro Neyra señaló que habría "una brecha para completar la base de datos". "Pero lo positivo es que se ha priorizado esa parte para reducir la brecha que nos falta", dijo.
Neyra puso como ejemplo el caso del proyecto Jasperoide en Cusco. Al respecto, dijo que se trataría de "un proyecto en el que ya se han puesto de acuerdo la comunidad y la entidad promotora para reiniciar el proceso de consulta".
En junio pasado, cuando se promovía la "reactivación económica" y se hablaba de la importancia de la minería, la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que financiaría la identificación de pueblos indígenas para que los "trámites" sean "más eficientes" en la minería. Con "trámite", la ministra María Antonieta Alva Luperdi hacía referencia a la consulta previa.
Debemos precisar que la consulta previa es un derecho. En el 2011, se promulgó la Ley de Consulta Previa (Ley N° 29785), con el objetivo de que se reconozca el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que los afecten directamente.
De acuerdo a la Ley Nº 29785, "las comunidades campesinas o andinas y las comunidades nativas o pueblos amazónicos pueden ser identificados también como pueblos indígenas u originarios, conforme a los criterios señalados en el presente artículo". Los criterios objetivos son los siguientes:
1. Descendencia directa de las poblaciones originarias del territorio nacional.
2. Estilos de vida y vínculos espirituales e históricos con el territorio que tradicionalmente usan u ocupan.
3. Instituciones sociales y costumbres propias.
4. Patrones culturales y modo de vida distintos a los de otros sectores de la población nacional.
Además, señala la ley, "el criterio subjetivo se encuentra relacionado con la conciencia del grupo colectivo de poseer una identidad indígena u originaria".
La norma se llama "Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)". Por ello, debemos considerar también lo que señala la OIT, que precisa que "las concesiones mineras deberán ser consultadas si es que se acredita que afectan directamente a las comunidades campesinas”.
[Foto de portada: Vidal Merma / Noticias SER]
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