Recientemente, el Ministerio de Salud (Minsa) estuvo llamando la atención por el aumento de embarazos de menores en lo que va de la emergencia sanitaria por el Covid-1. Según cifras presentadas en el foro Evidencias, Perspectivas y Desafíos de la Salud Sexual y Reproductiva en el Perú en Tiempos del COVID-19, en julio pasado, los embarazos adolescentes aumentaron en un 12% durante la pandemia.
Las consecuencias de este fenómeno las conocen muy bien en el Minsa.
“Esto tiene una repercusión directa con el incremento de la muerte materna debido a las restricciones para acceder a métodos anticonceptivos modernos, consulta y consejería en caso de los adolescentes”, señaló Guillermo Atencio, titular de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Minsa.
De hecho, la atención a abortos terapéuticos ha disminuido en establecimientos públicos y seguros como el Instituto Nacional Materno Perinatal (Maternidad de Lima). En declaraciones a Perú21, el presidente del Comité Científico de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología (SPOG), Luis Meza Santivañez, señaló que el aborto terapéutico es un servicio esencial que permite salvar vidas.
“Existe todo un proceso para realizar un aborto terapéutico. Se debe ingresar una solicitud dirigida al director general del instituto materno, se forma una junta médica que determina el veredicto. Todo eso ingresaba por consultas externas, y estas fueron suspendidas por el coronavirus”, dijo al diario.
¿Medidas preventivas? La educación sexual es clave para prevenir embarazos adolescentes e incluso para que las menores conozcan sus derechos y estén mejor preparadas para defenderse de ataques y para denunciar casos de violación. Sin embargo, como vemos constantemente cada vez que se informa sobre derecho a la salud de las mujeres, los sectores más conservadores del país reaccionan.
Ese conservadurismo se hereda y es un problema que se manifiesta en casos reales. En declaraciones a Punto Seguido, la ginecóloga Julia Coronado Arroyo señaló que la falta de educación sexual es una de las principales causas de embarazos no deseados. “Ellas están convencidas que si se produce el momento de la eyaculación fuera de la vagina es imposible quedar embarazadas”, dijo la doctora acerca de las falsas creencias que se mantienen hasta la actualidad.
Y ese conservadurismo no solo se queda en ideas de adolescentes o mujeres, sino que también es la explicación a por qué algunos funcionarios públicos no cumplen con su obligación de respetar las normas cuando de aborto terapéutico se trata.
Recordemos que desde 1924 el aborto terapéutico es legal en Perú. De acuerdo al Artículo 119 del Código Penal, no se considera punible a esta práctica. Las normas precisan que un aborto de este tipo es aquel "practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente". En ese sentido, debemos precisar que la afectación a la salud no puede ser solo física, sino que también puede ser mental.
Fue recién en el 2014, el Minsa aprobó la Guía Técnica Nacional para estandarizar el procedimiento de aborto terapéutico (Resolución Ministerial N° 486-2014-MINSA). Con ello, se supone ya el Estado solo tenía que implementar y respetar su propia normativa, así como cumplir con compromisos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
A pesar de ello, la realidad dista mucho de la ley. Según un reportaje de Ojo-Público (2019), en el que se dio cuenta de mujeres denunciadas y hasta condenadas por abortos, 571 mujeres fueron llevadas a los tribunales por interrumpir su gestación (cifra de la última década). Además, entre el 2015 y 2018, el Ministerio Público denunció a 961 mujeres por el delito llamado "autoaborto" y consiguió evidencias para procesar a 312 de esas mujeres.
Este 28 de setiembre, se conmemora el "Día de Acción Global por un aborto legal y seguro". En ese contexto, Amnistía Internacional señala que el acceso a aborto sin riesgos es un componente esencial de una sociedad justa e igualitaria, y es fundamental para la realización de todos los derechos humanos.
“Unas 47,000 mujeres mueren cada año tras practicarse abortos en condiciones de riesgo. Esta tragedia mundial sólo acabará cuando el aborto se despenalice totalmente y sea accesible y asequible para todas las personas. El aborto debe recibir la misma consideración que cualquier otro servicio de salud, y toda persona que intente acceder a un aborto debe ser tratada con compasión y dignidad y respetado sus derechos humanos”, señala Rajat Khosla, director general de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional.
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[Foto de portada: Andina]
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