El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, adelantó que el Ejecutivo observará la ley aprobada en el Congreso que habilita a los afiliados y exafiliados a la ONP a retirar hasta 4,300 soles (1 UIT) de sus aportes. El premier consideró que esta norma generará un desequilibrio económico y afectará eventualmente a los aportantes del Sistema Público de Pensiones (SNP).

"Nosotros, como Gobierno, no podemos caer en la irresponsabilidad que una gran cantidad de personas salgan del sistema de pensiones. Indudablemente que tenemos que observar la norma", manifestó Martos en diálogo con RPP.

Señaló que un retiro de los fondos no “solo trae desequilibrio económico porque está vulnerando una serie de normas básicas de la Constitución, sino está trayendo un perjuicio futuro a todos aquellos que aportaron y que podrían quedar en el Sistema Nacional de Pensiones y tener acceso de salud”. “¿Qué va a pasar con esta gente en el futuro?”, preguntó.

Remarcó que el posible retiro de fondos de la ONP traería problemas no solo a este Gobierno, sino también al próximo y crearía un precedente en el Sistema Nacional de Pensiones. En ese sentido, afirmó que si se devuelven los fondos, cuando los aportantes utilicen ese dinero quedarán “fuera del sistema de pensiones y al quedarse fuera también se están quedando sin la atención de salud que les corresponde en EsSalud”.

“Esto está trayendo un problema no solamente al gobierno, está trayendo un problema al gobierno futuro que más adelante se va a ver con esta problemática y está creando un serio precedente en el Sistema Nacional de Pensiones”, comentó.

Martos sostuvo que desde el Ejecutivo son “conscientes” de la necesidad de una reforma de todo el sistema de pensiones, por lo que presentaron una contrapropuesta en el Legislativo que fue rechazada. “Nosotros habíamos hecho una contrapropuesta a los voceros de no devolver los aportes que han tenido, esta no es una cuenta personal que se tiene como la de la AFP, esto es un fondo solidario y con ese dinero que están aportando los jóvenes que están trabajando se están pagando las pensiones a los ancianos que ya se han retirado. De devolver estos aportes, indudablemente va a quedar un desequilibrio fiscal y no se va a poder cumplir el pago con los pensionistas”, enfatizó.

El fin de semana, la ministra de Justicia, Ana Neyra, manifestó que de aprobarse la ley por insistencia, el Ejecutivo no tendría otra opción que presentar "una demanda de inconstitucionalidad" ante el Tribunal Constitucional (TC). En ese sentido, el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña remarcó en entrevista con Exitosa que el artículo 79 de la Constitución señala que el Legislativo no tiene iniciativa de gasto, por lo que, de llegar el caso al TC, tendrían que ver si se aplica en esta situación.

En comunicación con La Mula, el abogado constitucionalista Omar Cairo indicó que la acción de inconstitucionalidad contra ley que permite el retiro de los aportes de la ONP no suspende sus efectos. Explicó que la sentencia del TC -que eventualmente, anule la norma- no será retroactiva. "No suprimirá efectos ya producidos tras su publicación en El Peruano", añadió.

"Pagos a pensionistas que por orden de Ley se hayan hecho antes de sentencia serán irreversibles. Es decir, que mientras el TC reciba la demanda y resuelva los aportantes podrán cobrar ese dinero sin esperar un efecto retroactivo de una futura sentencia", manifestó Cairo.

Para la especialista Fabiana Orihuela, existen dos vías que pueden retrasar el pago de estos aportes a los afiliados de la ONP: El retraso de la implementación del procedimiento operativo de la presente ley por parte del Ejecutivo o que la Oficina de Normalización Previsional argumente la falta de presupuesto. "Ambos casos llevarían una resolución a un órgano jurisdiccional en paralelo a la demanda de inconstitucionalidad ante el TC", comentó en diálogo con La Mula.

Respecto a una eventual sentencia de inconstitucionalidad contra la norma, Orihuela explicó que el artículo 79 de la Constitución no impide que Congreso emita leyes que generen gasto público, sino que para hacerlo debe contar con la autorización del Gobierno y que la habilitación de dicho gasto no sea imputada a la vigente Ley de Presupuesto.

En el caso especificó de la Ley de ONP, explicó la constitucionalista, el Ministerio de Economía reiteró en varias ocasiones ante las comisiones del Poder Legislativo que el desembolso de este dinero era inviable. "Considero que la norma no cumple con los parámetros constitucionales porque no cuenta no con la autorización de Gobierno para la habilitación de dichos gatos", afirmó.

DATO

De proceder la norma aprobada por el Parlamento, se generaría una salida de cerca de S/ 14,00 millones en el erario público.

(Foto de cabecera: Andina)

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