El día miércoles 5 de agosto fue la jornada número veintidós de protesta en la provincia cusqueña de Espinar, donde comunidades campesinas y organizaciones sociales piden un bono solidario de 1,000 soles por cada persona adulta, dinero que, proponen, debería salir del fondo del Convenio Marco firmado por la empresa multinacional Glencore, dueña de la mina Antapaccay.
Ya antes habíamos informado de al menos tres heridos de bala producto de la represión policial y de videos en los que se aprecia a agentes estatales lanzar bombas lacrimógenas, lo que provocó incendios en los campos. También informamos sobre las agresiones sufridas por periodistas locales, como Vidal Merma, quien recibió el respaldo de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
Luego de una lamentable ausencia, el Gobierno anunció que, ahora sí, llegaría una Comisión de Alto Nivel para atender este conflicto social relacionado a la desigualdad social y a la actividad de una transnacional minera.
Finalmente, este viernes al mediodía, el Ejecutivo anunció la llegada de la comitiva y dijo que iría para impulsar el diálogo y buscar consenso para llegar a soluciones.
Mientras representantes del Ejecutivo, autoridades locales, organizaciones sociales y religiosos, los ciudadanos y ciudadanas de Espinar se encuentran a la expectativa de los resultados de la primera reunión sobre este conflicto minero.
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[Foto de portada: Derechos Humanos Sin Fronteras]
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