En un contexto de emergencia sanitaria por el Covid-19 y al mismo tiempo de reactivación económica tras más de tres meses de paralización de las actividades, la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) muestra su preocupación por la situación de los pueblos indígenas y comunidades campesinas.
En un pronunciamiento, señaló que en este contexto de reactivación económica se están poniendo "en riesgo la propia existencia de pueblos ancestrales, cuyos derechos tienen una especial protección en normas nacionales como la Ley de Consulta Previa, que con su reglamentación y en la práctica han desnaturalizado el derecho colectivo de los pueblos, y que no les brindan la seguridad jurídica que también requieren".
La CEAS recordó que los pueblos indígenas cuentan con el respaldo de normas internacionales asumidas por el Estado Peruano como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las sentencias de la Corte y los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
"Consideramos que la pandemia del COVID-19 ha evidenciado con mayor crudeza la exposición y riesgo en que se encuentran nuestros pueblos indígenas por la falta de atención histórica de parte del Estado y sus diferentes gobiernos, en particular en salud y en el respeto a sus territorios ancestrales que están en riesgo y que en gran parte nos permiten la seguridad alimentaria, pues con su agricultura familiar mantienen el 70% de nuestra canasta familiar a nivel nacional".
Lamentó que las últimas tres décadas "han sido en especial graves para los pueblos indígenas u originarios pues el afianzamiento del modelo económico sustentado básicamente en actividades extractivas, como la explotación minera, petrolera, gasífera entre otras que se realizan fundamentalmente en sus territorios amazónicos, andinos y costeros, ha generado graves afectaciones en su vida y salud, en sus territorios ancestrales, reasentamientos forzosos, pérdida de su cultura y lenguas maternas, injerencia en sus decisiones políticas internas, migración local, entre otras problemáticas".
Por ello, la CEAS insta al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo a "prestar la atención debida" a los pueblos indígenas y comunidades campesinas, que no pongan "trabas ni cedan a intereses económicos, y asuman su rol garante de derechos, en la atención en salud y en el respeto a la autonomía y libre determinación de los pueblos en sus territorios, brindando facilidades legales para su registro, evitando la llamada “tramitología”, y no exigiéndoles en registros públicos formas asociativas que pueden fomentar otros intereses, por no contar con los registros especializados".
La Comisión saludó la convocatoria realizada por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso a las organizaciones de pueblos indígenas para consensuar un solo proyecto de ley que busque se respeten las autonomías y la libre determinación como derecho, y se facilite el registro de la personería jurídica de los pueblos indígenas u originarios. Esperamos que el diálogo permita un acuerdo.
Notas relacionadas en LaMula.pe:
Organizaciones cuestionan consultas previas virtuales: "Dejan desprotegidos a pueblos indígenas"
MEF financiará identificación de pueblos indígenas para "trámites más eficientes" en minería
