Este martes, la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, indicó que como parte del plan económico de reactivación se ha aprobado una serie de medidas para apoyar el reinicio y la inversión privada en el sector minero.
“Estamos trabajando las mesas ejecutivas que son espacios donde nos sentamos el sector público y privado para ver cómo podemos mejorar y promover las inversiones en sectores estratégicos, estamos trabajando en las mejoras del reglamento de procedimientos mineros, en el reglamento de exploración minera y también en lineamientos para colecta de muestras”, dijo.
En esa línea, adelantó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) financiará la identificación de "pueblos originarios" para que los trámites sean "más eficientes y competitivos", según dijo.
“También hemos identificado las necesidades de financiar en el Ministerio de Cultura la identificación total de los pueblos originarios, esto va a permitir que los trámites sean más eficientes y competitivos”, agregó la ministra.
Además, la ministra contó el caso de un "trámite de consulta previa" que sería con "mecanismos virtuales".
“En el caso específico de San Gabriel ya se ha coordinado con el Ministerio de Cultura la posibilidad de que los trámites de consulta previa puedan ser con mecanismos virtuales a excepción de la última etapa, que es de diálogo propiamente dicho”, dijo.
“En este contexto ya se ha reactivado la consulta previa con las comunidades de Oyo oyo y Corire y de la misma manera estamos aplicando esta metodología para el proyecto minero Integración Coroccohuayco”, agregó
Estos anuncios del Poder Ejecutivo han provocado preocupación en organizaciones indígenas nacionales. En un pronunciamiento público, AIDESEP, ONAMIAP, CCP, CNA y CONAP y el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (GTPPII-CNDDHH)1, consideraron como "inadmisible que el Gobierno pretenda sacar adelante proyectos de inversión virtualizando el ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas u originarios".
"Las reuniones virtuales no son un mecanismo tradicional de deliberación y menos de toma de decisiones de los pueblos indígenas u originarios, por ello carece de pertinencia cultural. Los ritmos virtuales son muy rápidos y tienen dinámicas distintas que imposibilitan establecer un proceso de traspaso de información y análisis culturalmente adecuado, más aún tomando en consideración los propios y diversos medios que los pueblos indígenas u originarios tienen para formar su opinión, deliberar y tomar decisiones", señalaron
Las organizaciones resaltaron que, en la actualidad, en gran parte de los territorios donde habitan los pueblos indígenas u originarios existe una brecha de conectividad y escaso acceso a Internet.
"Estos no cuentan con la infraestructura tecnológica necesaria para conectarse adecuadamente, y nunca han accedido o no tienen conocimientos sobre cómo utilizar plataformas virtuales de comunicación. De la misma manera, si se avanzara en solucionar esta brecha, los procesos virtuales tampoco permitirían el debido ejercicio del derecho a la consulta previa libre e informada, cuya práctica, además, ya hemos reiteradamente denunciado, se ha desnaturalizado", se lee en el comunicado.
Para los defensores de los derechos de las personas indígenas, que el Gobierno intente implementar procesos de consulta en las condiciones descritas, "viola flagrantemente el contenido constitucional del derecho de consulta previa, sus principios de buena fe y no condicionamiento ni coacción, así como diversas etapas del proceso de consulta previa".
"[...] todos ellos reconocidos en tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y la Ley 29785 y su Reglamento".
"Las declaraciones de la ministra Alva colocan en un grave riesgo de desprotección a los pueblos indígenas u originarios, y en la práctica termina vulnerando el derecho a la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado".
En el pronunciamiento, las organizaciones recuerdan que "lo que está en juego son derechos fundamentales que el Estado debe y tiene que garantizar porque esa es su función primordial en un Estado de Derecho y forma parte además de sus obligaciones internacionales".
Además, pidieron que se considere un reciente comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que alerta sobre la especial situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la pandemia de COVID-19 y llama a los Estados a tomar medidas específicas y acordes con su cultura y respeto a sus territorios.
Finalmente, exhortan al presidente Martín Vizcarra y al Consejo de Ministros a garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres y los pueblos indígenas en decisiones que tienen que ver con proyectos de inversión.
"Todas las medidas encaminadas a lograr la reactivación económica deben ser compatibles con el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y de la población en general".
[Foto de portada: AIDESEP]
Notas relacionadas en LaMula.pe:
MEF financiará identificación de pueblos indígenas para "trámites más eficientes" en minería
Cusco: proyecto minero de Glencore avanza con consulta previa pendiente
