Una tragedia sin precedentes podría acontecer en varios penales del país debido a la inoperancia de las autoridades para atender a esta población que sufre los embates del nuevo coronavirus (COVID-19). Un informe de Inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario de Perú (Inpe), al que tuvo acceso La Mula, revela que los presos con sus familiares han gestado desde el 28 de abril un plan para fomentar revueltas y acciones de violencia en diversos establecimientos penitenciarios, tanto de la Oficina Regional Lima como de otras oficinas regionales.   

Como se sabe, la semana pasada, el Congreso de la República rechazó y archivó el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo y el Poder Judicial que tenía como objetivo el deshacinamiento de los penales ante el incremento del COVID-19 en esos recintos.La propuestas buscaba beneficiar a los procesados y sentenciados por delitos leves que hayan cumplido los dos tercios de su pena, sean mayores de 65 años de edad y padezcan de una enfermedad crónica que constituya un riesgo ante la pandemia. 

Fuentes de inteligencia penitenciaria alertaron en un documento, con fecha del 18 de mayo, posibles motines y reyertas en las cárceles así como protestas violentas en los exteriores por parte de los familiares de los internos de Miguel Castro Castro, Lurigancho, Huaral, Chimbote, Ancón I, Ancón II, Chorrillos, Ica, Cañete, Huaral, entre otros.

“La negativa de concederles libertad por el Covid-19 ha movilizado a los familiares quienes planean realizar vigilias y marchas, así como disturbios dentro y fuera de las prisiones arguyendo la falta de atención por el Covid-19, la muerte de internos y supuestos abusos al interior de las cárceles”, indica el documento.

Este levantamiento, según el informe, tendría la complicidad de parte del personal penitenciario desafecto para emplearlo como "correo de transmisión de información", así como para estar al tanto de las condiciones de seguridad de los establecimientos a cargo del Inpe. Asimismo, se señala que la moral de los trabajadores del Inpe se encuentra mellada debido a "la presencia del COVID-19 entre el personal, los conflictos entre los grupos sindicales, y el déficit de personal existente, así como las condiciones logísticas limitadas, por lo que no se podría repeler de manera efectiva la acción violenta de los reclusos, siendo necesaria la presencia de las FFAA y la Policía Nacional del Perú (PNP)".

El informe de Inteligencia advierte también de la posible construcción de un túnel con ductos de mantenimiento existentes desde los exteriores del penal ‘Miguel Castro Castro’ de Canto Grande para una presunta fuga masiva de reos del Pabellón 1-A. "No se descarta la posibilidad de que los reclusos del EP Miguel Castro Castro intenten evadirse de la instalación a través del túnel que presuntamente se habría construido desde el exterior del recinto penitenciario, durante los disturbios intramuros que se generen en la instalación", señala el documento.

Una prueba del plan que se viene elucubrando en los penales fue la marcha convocada por la organización denominada ‘Presos del Perú, Presos peruanos por Covid-19 y Prisioneros peruanos’, el miércoles 20 de mayo, frente al Poder Judicial de la avenida Abancay. Esta movilización y los disturbios ocasionados el 27 de abril en el penal Castro Castro, donde fallecieron nueve internos, fueron advertidos en informes anteriores.

La motivación de estos actos, según colaboradores de inteligencia, están directamente vinculados a la decisión del presidente de la República, Martín Vizcarra, de no dar libertad a los reclusos, y a la negativa del Congreso de aprobar el proyecto de ley de deshacinamiento de los penales.

Fuentes del Inpe consultadas por La Mula señalan que el levantamiento de los internos y sus familiares podría darse al término del aislamiento obligatorio, previsto inicialmente para el 25 de mayo, pero que fue extendido hasta el 30 de junio este último viernes. En ese sentido, el informe de Inteligencia advierte que, de darse esta movilización colectiva, la capacidad de respuesta del personal penitenciario no se daría abasto para repeler disturbios intramuros y los daños colaterales que pudieran producirse como incendios, evasiones, toma de rehenes, entre otros: los agentes de primera línea (4,500 aproximadamente) podrían ser víctimas de la población penal calculada en 97 mil reos en 64 cárceles del país.

Sin embargo, los representantes de las familias de los internos de los penales rechazaron la información que se indica en este documento de inteligencia. En comunicación con este medio, Flor de María Puente Reynoso, identificada con el DNI 43213794 y miembro de la comisión por la lucha de los derechos de los presos del Perú, afirmó que nunca motivaron amotinamientos en los centros penitenciarios ni viene coordinando levatamientos con los demás penales. 

Su lucha, según señaló la representante de los familiares, busca que los internos reciban la atención de salud debida ante la propagación del COVID-19 en los penales: medicina, pruebas de diagnostico y cuidado medico, indica Puente Reynoso. "Nosotros nunca estamos de acuerdo con los motines, pero lamentablemente ellos lo hacen por necesidad. Nosotras no estuvimos enteradas del motín en Castro Castro y cuando nos enteramos fuimos afuera y estábamos desesperadas porque sabemos que la consecuencia de los motines trae muerte", comentó a La Mula.

Estas son las imágenes de la movilización del 20 de mayo en las que los familiares de los presos se dirigieron al Poder Judicial para manifestar que los internos de los penales sean atendidos en medio de la pandemia. "Los letreros no decían libertad... los letreros decían se están muriendo, por favor asistencia médica", afirmó Flor de María Puente Reynoso.

¿Facultades insuficientes?

A la fecha, solo se han tomado prueba de diagnóstico del COVID-19 a 1,000 trabajadores del Inpe de un total de 10 mil que conforman el sistema penitenciario a nivel nacional, de los cuales 170 resultaron infectados. Respecto a los internos, se ha muestreado a 3 mil de toda la población penal (97 mil) y han resultado positivos más de 400 internos. Hasta el momento han perdido la vida 14 agentes de primera línea y 182 reclusos. 

Luis Pérez Saavedra, secretario general del Sintrap-Inpe, informó que el Poder Judicial acaba de admitir una acción de amparo ante los temas de las deficiencias del Inpe para contrarrestar el contagio del virus. “Si bien nosotros hemos optado por la vía jurisdiccional, lo de los penales en general es una bomba tiempo y en cualquier momento pueden estallar y no podría descartar la posibilidad de que se haga (motines masivos)”, indicó a La Mula.

Durante el pronunciamiento del Gobierno en el que anunció la extensión del estado de emergencia por la propagación del COVID-19, el primer ministro, Vicente Zeballos, informó que se había formalizado el pedido de facultades al Congreso para poder legislar en materia penal, procesal, penal y penitenciaria para atender la problemática del hacinamiento en los penales del país en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus. A través del oficio N° 067-2020-PR, el presidente Martín Vizcarra se dirigió al titular del Congreso de la República, Manuel Merino de Lama, para tramitar la solicitud con carácter de urgencia. 

Días atrás, el Ejecutivo anunció que realizarían un nuevo pedido de facultades luego de que el Congreso no aprobara su propuesta inicial para atender esta problemática en penales y centros juveniles del país. “El problema está ahí y hay que darle una solución. Hemos tomado como decisión de Gobierno, si (el Congreso) no legisla al respecto, dennos la responsabilidad y nosotros lo vamos a hacer. Aquí no se trata de lavarse las manos”, manifestó Vizcarra en ese entonces. 

El Parlamento acató la urgencia para debatir la solicitud del Gobierno y tanto el premier como el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, fueron citados de manera presencial a las 10 p.m. del 22 de mayo para que sustenten su pedido ante el pleno. Finalmente, la madrugada del 23 de mayo, el Congreso aprobó por mayoría delegar facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia penitenciaria mediante medidas excepcionales orientadas a reducir el hacinamiento en los penales ante el riesgo de contagios por coronavirus. 

Para Pérez Saavedra, esta decisión tardía no garantiza la tranquilidad en los penales puesto que, según afirmó, cualquier medida que se tome será “insuficiente”. “La capacidad penitenciaria que tenemos en la actualidad no supera los 35 mil internos; es decir, que se debería dejar en libertad a cerca de 60 mil reclusos de un total de 97 mil que conforman la población penal. Deshacinar significa que cada uno ocupe el ambiente que le corresponde y con 10 mil que se dejen en libertad no se logra absolutamente nada”, afirmó el secretario general del Sintrap-Inpe.

Muestra de que la erosión del sistema penitenciario está latente en todo el país es el megaoperativo de seguridad realizado el pasado viernes en el penal de Picsi en Chiclayo, región Lambayeque, donde 200 efectivos de la PNP decomisaron 85 armas punzocortantes de diferente tamaño, 25 televisores y 120 galones de chicha fermentada. Según indicó Luis Pérez Saavedra, este penal alberga a más de 4,000 internos y está a cargo de 400 agentes (40 por servicio). “Lo que se requiere ahora es hacer un convenio con las FFAA para que reemplacen a los agentes que están contagiados o que son personas en riesgo. Tenemos centros penitenciarios que están trabajando al 40% de sus capacidades”, señaló.

Por su parte, el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, explicó -durante su presentación en el Congreso para el pedido de facultades- que el Ejecutivo plantea que los jueces evalúen la situación jurídica de los procesados por delitos menos lesivos y no de aquellos autores de crímenes considerados graves. Tras un debate que duró más de tres horas, el Parlamento aceptó que el Gobierno legisle por el término de siete días calendario, contados a partir de la vigencia de la norma, sobre materia penitenciaria. 

¿Los esfuerzos del Ministerio de Justicia serán suficientes para presentar una propuesta que mitigue el revuelo que se vive en el sistema penitenciario a causa del COVID-19? De momento, lo que se sabe es que esta bomba de tiempo está activada en todo el país y la mermada capacidad de respuesta del personal penitenciario no tiene oportunidad ante este posible levantamiento de la población penal.

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