El archivamiento de los proyectos sobre deshacinamiento de los penales como medida para prevenir y controlar el Covid-19, coloca en peligro a los internos/as y genera responsabilidad para el Estado peruano, señala la Defensoría del Pueblo.

"Rechazo de normativas del Poder Judicial y Ejecutivo compromete nueva propuesta del Congreso. El deshacinamiento de centros penitenciarios y juveniles, demanda la acción conjunta del Estado tal como ha sido demandado por la ONU, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Defensoría", señaló el organismo no gubernamental en su cuenta de Twitter.

La noche de este sábado 16 de mayo, el Pleno del Congreso rechazó los dictámenes en mayoría y minoría que proponían medidas excepcionales para el deshacinamiento de las cárceles frente a la pandemia del Covid-19.

En el debate virtual, los parlamentarios señalaron que esa no era responsabilidad del Legislativo, sino del Poder Ejecutivo y que el deshacinamiento, a través de la excarcelación, podría servir para que sea aprovechado por "delincuentes y por funcionarios corruptos". 

El rechazo se produjo a pesar de que la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Leslye Lazo Villón (AP) accedió a las modificaciones que parlamentarios plantearon.

La votación se llevó a cabo la noche del sábado y el primer resultado fue de 16 a favor, 49 en contra y 59 abstenciones. Con ello, las abstenciones superaron a los votos en contra y a favor, y el tema quedó en cuestión sin resolver.

Posteriormente, se realizó un voto de reconsideración que dio como resultado: 73 votos a favor, 50 en contra y dos abstenciones. Luego, la congresista Lazo Villón sustentó nuevamente su dictamen.

Finalmente, el dictamen en mayoría obtuvo el respaldo de 22 congresistas, 83 se pronunciaron en contra y 20 se abstuvieron. Con ello, se archivó el proyecto.

Por otro lado, también se votó el dictamen en minoría, de autoría de la congresista María Cabrera (PP), quien planteó la variación de la prisión preventiva por comparecencia con restricciones a los imputados con penas menores de seis años. La votación sobre este proyecto fue de 110 en contra y 15 abstenciones. Esta propuesta también fue archivada.


[Foto de portada: Establecimiento penitenciario del distrito de Picsi, provincia de Chiclayo, Perú. CC BY-NC-ND / CICR / G. Negro]


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