El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció el cierre de las cárceles en Perú hasta el 26 de abril para evitar que el Covid-19 se expanda entre los reos, luego de que se confirmara la muerte de uno de estos en el penal Sarita Colonia del Callao, que dio positivo al coronavirus. Además, hay otros cuatro reclusos infectados y se realizaron más de 100 pruebas rápidas a internos de ese centro carcelario chalaco, en busca de contener el avance del nuevo virus.
El cierre de las cárceles en el país que dispuso el INPE, que depende del Ministerio de Justicia, implica que hasta el fin de la cuarentena, que se extendió hasta el 26 de abril, los penales no recibirán nuevos reos. Estos lugares, donde predomina el hacinamiento, son focos de propagación de la enfermedad.
La Dirección Regional de Salud del Callao informó que entregó al penal de Sarita Colonia 1.000 pruebas rápidas de detección del virus, donde hasta el martes se habían aplicado 161 test, pero no hasta el momento no se sabe cuántos son los presos diagnosticados como positivos.
El INPE también confirmó el fin de semana que un trabajador de la carceleta del Palacio de Justicia de Lima dio positivo para coronavirus y por ello la cerraron y trasladaron a otros espacios a los detenidos en ese lugar que esperaban que se les califique y se les envié a las prisiones de acuerdo a su peligrosidad, tipo de delito o condiciones de salud.
El ente penitenciario anunció también que usará la antigua prisión de San Jorge, en el Centro de Lima, para que sirva como lugar de aislamiento para los presos infectados por el Covid-19.
Esta semana, La República reveló que muchos de los presos no querían volver a sus pabellones porque varios reos que habían sido llevados a hospitales por el virus retornaron sin medidas de aislamiento. "Estamos deambulando, hacinados, contagiándonos entre nosotros mismos, sin ninguna ayuda", dijo un recluso a ese medio, al comentar que prefería quedarse en el patio que regresar a su celda.
El presidente del INPE, David Villar, le remitió un oficio al titular del Poder Judicial, José Luis Lecaros, en el que explica que el cierre de las cárceles se sustenta en los contagios en el penal del Callao y la carceleta de Lima, pero también remarca las condiciones de hacinamiento en las 68 prisiones del Perú, que albergan a más de 97.600 personas cuando la capacidad es de 40.600.
Entre fiscales y jueces la medida ha generado preocupación, porque ahora no se sabe qué ocurrirá con quienes sean los detenidos por delitos flagrantes, como los feminicidios, violencia sexual y narcotráfico, que siguen cometiéndose en medio de la emergencia sanitaria.
A ello se suma que el incremento del los controles para que se cumpla el toque de queda y las medidas de inamovilidad social, hay personas con orden de búsqueda que están siendo detenidas, como ocurrió en Arequipa, donde la Policía intervino a un hombre en Cerro Colorado que era buscado hace cuatro años por el feminicidio de su pareja en el norte del país.
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