La denominada Ley de Protección Policial, que fue promulgada el fin de semana último por el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, más de cinco meses después de que se venciera el plazo para que el jefe de Estado Martín Vizcarra la observara, ha desatado controversia en el país.
¿La razón? Los principales cuestionamientos de expertos y juristas giran en torno a su legitimidad y pertinencia, porque la norma exime de responsabilidad penal a los efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que provoquen lesiones o la muertes durante el ejercicio de sus funciones, y además suprime el principio de proporcionalidad, que regula el uso de la fuerza en esas situaciones.
Por ejemplo, el abogado penalista César Azabache consideró que "la ley es inútil técnicamente", porque es inaplicable, por lo que sostuvo que el presidente Vizcarra debió observarla en su momento. "Si se produce un abuso, entonces no es un caso de uso regular de las armas y la ley no opera; y si el evento de fuerza se produce en condiciones regulares, el caso no es perseguible penalmente", dijo en El Comercio.
Agregó que su promulgación por parte del nuevo Congreso "da una señal pésima".
"La Presidencia del Congreso debió establecer por qué la ley no había sido promulgada por el Ejecutivo, y debió poner el asunto en debate. Creo que muchos habríamos coincidido en que una ley como esta, así de mal hecha, no obliga al presidente del Congreso a usar sus atribuciones subsidiarias de promulgación de leyes".
El también penalista Rafael Chanjan consideró que la ley en cuestión pone en peligro los derechos fundamentales de la persona, al suprimir el principio de proporcionalidad, que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía. "Esto puede crear espacios para los excesos y la impunidad", advirtió.
Por ello, el jurista Samuel Abad consideró que el Congreso haría bien en derogar la norma, porque le quita atribuciones a los jueces, que de acuerdo a la Constitución, son los llamados a determinar si la persona es culpable o no."Nadie puede estar en contra de proteger la función policial, pero los abusos no se pueden permitir. Determinar si hubo un exceso le corresponde a los jueces. No al Congreso", indicó.
En contraparte, el constitucionalista Víctor García Toma recordó que esta ley se dio a raíz de un abuso judicial en Piura "que originó un sentimiento colectivo de indignación" el año pasado, en alusión al caso del suboficial de la Policía Elvis Miranda Rojas, quien fue enviado siete meses de prisión preventiva por abatir a un presunto delincuente durante una persecución policial.
"Con la ley se busca que el policía actúe sin temor", señaló, al alegar que ello no significa impunidad, porque habrá una investigación y que al final del proceso se determinará si el uniformado es responsable o no.
García Toma agregó que la controversia referida al principio de proporcionalidad, es atendible. "La norma, tal como está redactada, no me parece mal. Sí encuentro que habría que hacer mayor precisión en el tema de la proporcionalidad, pero creo que la solución no está en pedirle a los jueces que inapliquen la ley o en acudir al Tribunal Constitucional. Presentemos un proyecto conservando los principios y las orientaciones de la norma que puedan mejorarla", apuntó.
Lee también
¿Licencia para matar? Promulgan ley que exime de responsabilidad penal a policías y militares
