En el marco del Día Internacional de la Mujer, este domingo, el presidente Martín Vizcarra, admitió que "falta mucho por hacer" para combatir la violencia contra la mujer, que es "uno de los principales problemas de la sociedad" y que las acciones implementadas por su gestión "no son suficientes" y se debe "hacer mucho más" para "cambiar esta sociedad machista, patriarcal", que permita que las mujeres ocupen el rol que les corresponde.
"Disminuir ese machismo que es la base de esta violencia contra la mujer que hemos visto en los últimos días, [que] no solamente es violencia, son feminicidios, agresión, [el] asesinato a una niña que a todos nos ha conmovido y que es un llamado fuerte de atención a nosotros como gobierno, como sociedad", apuntó.
En ese contexto, se le consultó sobre aplicar la pena de muerte para violadores y feminicidas. "Hay que evaluarlo, el tema es un cambio normativo que pasa por el Congreso. El lunes vamos a tener una reunión con congresistas de cuatro bancadas", comentó.
Vizcarra insistió que se deben analizar "todas las opciones" para determinar cuáles podrían ser las sanciones realmente efectivas a fin de disminuir la violencia contra la mujer. Según dio a entender, el tema será parte de la agenda del encuentro de este lunes con los integrantes de las bancadas de lista multipartidaria a la Mesa Directiva: Somos Perú, Acción Popular, Podemos Perú y Alianza para el Progreso.
La pena de muerte una medida efectista, que antes se ha planteado varias veces, pero que en todas la conclusión ha sido la misma: es inviable por varias razones y no ataca el problema de fondo que revelan las cifras oficiales en Perú, donde cada hora se registran tres denuncias por violación sexual: es decir, que 72 mujeres son violadas al día en el Perú, lo que al año deja la desgarradora cifra de más de 25 mil mujeres violadas, de las cuales casi el 85% son menores de edad.
Es una realidad atroz y vergonzosa —que no incluye todos los casos adicionales de violaciones que nunca llegan a denunciarse— que requiere estrategias integrales y transversales en el país. "El patrón común en esta clase de delitos -que en el último lustro habría dejado cientos de miles de peruanas violadas (entre hijas, sobrinas, nietas, hermanas, tías y madres)- radica en el sexo de los victimarios: siempre hombres, ejerciendo su concepto de masculinidad, en el sentido más tradicional y tóxico posible", dijo en lamula.pe el abogado Manuel Bartra, que se especializa en enfoque de género.
Para el congresista electo por el Partido Morado Alberto de Belaunde, la pena de muerte "no es disuasiva" y además incumpliría los compromisos asumidos por el Perú en diferentes tratados internacionales. "El debate no es nuevo. Peligroso juego político del presidente", escribió en Twitter.
"Al no rechazar la pena de muerte de plano, Vizcarra está actuando de manera populista", dijo la también congresista electo del Frente Amplio Rocía Silva Santisteban. "No hay empatía de los operadores de justicia con las víctimas, la empatía está con el perpetrador. Lo estamos viendo con otros casos, como en el de la pequeña Camila, en el que se le echa la culpa a la madre", agregó.
En efecto, en 1978, el Perú ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se conoce también como el Pacto de San José, que prohíbe de forma expresa que los países extiendan la pena de muerte a delitos que no se contemplaban previamente en su legislación interna.
Y en el caso de nuestro país, la Constitución de 1979, que es posterior a la fecha de ratificación de la convención, recogió la aplicación de la pena de muerte solo para casos de traición a la patria en caso de guerra exterior.
A ello se suma que la Constitución vigente, la de 1993, prohíbe la pena de muerte al incorporar los tratados internacionales de derechos humanos firmados por el Perú, incluyendo el Pacto de San José.
En el hipotético caso de que un proyecto de ley a favor de la pena de muerte en el país llegara al Congreso, se requeriría en el Pleno los votos de dos tercios del total de congresistas en dos legislaturas consecutivas por tratarse de una modificación constitucional. Y luego se requeriría, el Perú tendría que renunciar al Pacto de San José, lo que implicaría graves consecuencias políticas e internacionales.
El abogado Luciano López sostuvo la propuesta acarrearía graves consecuencias. "En el caso peruano, el procedimiento legal es complejo y el impacto político en las relaciones internacionales sería nefasto. Estaríamos colocándonos a la altura de Trinidad y Tobago y Venezuela", añadió.
Hay consenso entre los expertos que el problema no se ataca con mayores penas, sino con la atención de derechos más estructurales, como la educación, la salud o seguridad.
Pero lo curioso es que el mismo Vizcarra, en mayo del 2018, habla de respetar los acuerdos internacionales a los que está adherido el Estado peruano, cuando se le consultaba sobre el mismo tema. "Quisiera desaparecer de la faz de la tierra a los violadores, pero somos parte de un sistema que tiene que respetar normas nacionales e internacionales. Hay que castigar actos de violencia, pero además prevenir. Eso pasa por la educación", decía en ese momento. Ahora, parece haber cambiado de opinión, al no cerrarle la puerta a un tema que no es viable.
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