La mañana de este viernes 6 de marzo, el presidente peruano, Martín Vizcarra, envió un mensaje a la nación para anunciar el primero caso confirmado de COVID-19, un virus que causa enfermedades como el resfriado y otras más graves, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Este mismo viernes, se cumplen cuatro días desde que altos funcionarios del Poder Ejecutivo se reunieron con padres y madres de los menores intoxicados con metales pesados por la contaminación minera en Cerro de Pasco. Representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Salud (Minsa) se comprometieron a que se realice una teleconferencia con médicos del extranjero, ya que en Perú no hay solución para desintoxicar a los menores que tienen metales pesados en la sangre.
En la teleconferencia, los médicos argentinos del Hospital Universitario Austral consideraron viable que el tratamiento de los menores pudiera continuar, razón por la que deberían ser trasladadas en las siguientes semanas. Pero el problema es que no hay nada concreto de parte de las autoridades peruanas.
Son un total de 34 familias afectadas que vienen protestando desde hace más de veinte días en los exteriores del Minsa en Jesús María, Lima. Destacan los casos de 20 niños intoxicados con plomo y un caso grave de una niña que necesita trasplante de médula ósea.
Ante este problema de salud provocado por la explotación minera en Cerro de Pasco, la Defensoría del Pueblo se pronunció exigiendo al Minsa que cumpla con su compromiso de que los menores reciban atención especializada en el extranjero. "Luego de la reunión del 2 de marzo en el Instituto de Salud del Niño, las familias están aún a la espera de que se les comunique si este tipo de atención es viable o no. Mientras tanto mantienen su medida de fuerza en el frontis de dicho ministerio", señala la Defensoría.
Por otro lado, es urgente que se cumpla con el compromiso del Estado de trasladar a las familias a un lugar donde puedan vivir en condiciones dignas sin perjudicar su estado de salud. Al respecto, la Defensoría señala que "de nada servirán los tratamientos que se les den a las niñas y niños si enseguida van a tener que retornar a la zona en la que estuvieron por años expuestos a la contaminación por metales pesados". "Su reubicación es, por consiguiente, una medida urgente y un compromiso adquirido por el Estado y que aún no se cumple", resalta.
En el 2018, el Ejecutivo suscribió un compromiso con las familias para reubicarlas, otorgarle atención en salud, educación y trabajo para los padres y madres que han debido soportar todos estos años por un problema causado por la actividad extractiva contaminante.
[Foto de portada: El Ambulante Audiovisual]
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