La jueza María Álvarez suspendió para este viernes a las 11.00 horas la audiencia para evaluar el requerimiento de 36 meses de prisión preventiva que formuló el fiscal José Domingo Pérez en contra del ex gobernador regional de Lambayeque Yehude Simon y el exgerente general del Proyecto Especial Olmos-Tinajones Pablo Salazar en la investigación por el caso Olmos, en la que son acusados de recibir dinero ilícito de Odebrecht
La magistrada tomó esta decisión a fin que el Ministerio Público individualice los nuevos elementos de convicción que se les imputa a los investigados, al señalar que sí se ha especificado el peligro procesal para cada uno, pero no los elementos de convicción. El fiscal Pérez dijo que podía ordenarlos en una hora como máximo, pero Álvarez optó por reprogramar la audiencia para este viernes 6.
Previamente, el abogado de Simon, André Galván, dice que recién el miércoles a las 8:30 de la noche fue notificado de dos escritos de la fiscalía. "Es necesario que se nos dé un tiempo razonable para una debida defensa", apuntó en la diligencia.
Lo mismo pidió la defensa de Pablo Salazar, al señalar que se deben omitir algunos elementos de convicción. "No vamos a hacer una defensa como mi patrocinado requiere", señaló. "El requerimiento fiscal tiene 274 elementos de convicción con más de siete mil folios", agregó.
Los argumentos de la fiscalía
El pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra Simon tiene, además de imputaciones y sospechas, argumentos sobre los presuntos delitos de colusión y lavado de activos, así como la constitución de una presunta organización criminal, el favorecimiento a Odebrecht en el proyecto Trasvase Olmos y los aportes de la constructora brasileña a la campaña de reelección del exgobernador regional de Lambayeque en el 2006.
En el requerimiento, el fiscal Pérez Gómez alerta demás que Simon Munaro estaría tratando de ocultar pruebas e influir en su coimputado, Pablo Salazar, con quien quier concertar para que se comporten "de manera desleal" en el proceso, reveló El Comercio.
La fiscalía acredita su sospecha con la declaración del mismo Simon, que admitió que a raíz del proceso ha conversado con Salazar, con quien además intercambió mensajes de Whatsapp. Tras su detención preliminar, Salazar admitió que pidió y recibió dinero del exjefe de Odebrecht en Perú Jorge Barata, a solicitud de Simon.
Por ello, el fiscal sostiene que la medida de 36 meses de prisión preventiva es idónea, necesaria y proporcional, ante el peligro de obstaculización y el riesgo procesal que desarrolla en el requerimiento.
El documento señala que Simon no tiene dependientes a su cargo, ya que sus hijos son mayores de edad y no viven con él. "Se infiere la no existencia de un arraigo familiar de calidad", apunta Pérez, que agrega que las direcciones domiciliarias del exgobernador no coinciden. "Se colige que no existiría arraigo familiar concreto, lo que evidencia grandes posibilidades de que se fugue del país y evada la acción de la justicia", se lee en el escrito.
También Pérez menciona que aunque el exgobernador regional declaró que brinda asesorías en el sector público, se puede inferir que a la fecha "no cuenta con un centro de trabajo".
"Por otro lado, de su declaración de fecha 26 de febrero de 2020 ha señalado que percibe una pensión de S/4.700 aproximadamente, monto que al ser sumado con ahorros que este podría tener le permitiría subsistir sin necesidad de laborar, por lo que para este despacho fiscal el investigado Simon Munaro carece de arraigo laboral existente".
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