Hubo una crisis ministerial provocada por más destapes en el caso Odebrecht, pero solo la mitad de peruanos y peruanas está debidamente informada sobre lo acontecido. Según una encuesta nacional urbano-rural del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), 50% sí está informado sobre la renuncia de cuatro ministros (Energía y Minas, Educación, Transporte y Comunicaciones). 46% de encuestados y encuestadas dice no estar informados y un 4% dice no saber ni opinar.
Esto podría explicar por qué, a pesar de esta crisis ministerial, el presidente Martín Vizcarra mantiene su aprobación en 55% (reducción de dos puntos porcentuales comparado al mes anterior) y su desaprobación en 38% (dos puntos porcentuales más con respecto a la encuesta anterior).
Las miradas parecen apuntar al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, quien es desaprobado por 54% de peruanos y peruanas. Solo un 24% aprueba su gestión.
Lo mismo ocurre con los ministros. Según esta encuesta de IEP, 67% de peruanos y peruanas desaprueban el desempeño de los ministros y solo 24% los aprueba.
A esta crisis ministerial, ha sobrevivido la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva Luperdi, quien tuvo una reunión por el caso Odebrecht con el exprocurador Jorge Ramírez. Según la versión de este último, la ministra Alva Luperdi lo llamó a su despacho. Cabe precisar que la Comisión Especial que asume la Defensa del Estado ante el CIADI está adscrita al MEF.
Alva Luperdi también aprobó el Decreto de Urgencia Nº 014-2020, que regula la negociación colectiva en el sector público, una norma considerada por exministros de Trabajo y abogados laboralistas como inconstitucional y un acto violatorio de los derechos laborales.
También se mantiene en su cargo la titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Sylvia Cáceres, quien no firmó dicho decreto, a pesar de tratarse de una medida laboral. Además, su gestión es criticada por los sindicatos de trabajadores por el creciente número de muertes en accidentes de trabajo y por no promover el diálogo social sobre las reformas laborales que han venido siendo aprobadas por el gobierno de Vizcarra.
[Foto de portada: Presidencia Perú / Flickr]
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