Respuesta. El Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Sicreci), ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanza (MEF), descartó negociar con Odebrecht Latinvest S.à.r.l. ("OLI Lux") sobre el Gasoducto Sur Peruano, debido a que iniciaron un proceso arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) contra el Estado peruano por este caso, que la semana pasada provocó la renuncia de dos ministros y desató una crisis política en Palacio.
La Comisión Especial, órgano multisectorial creado en el marco del Sicreci, emitió un comunicado en el que responde a un pedido de la compañía brasileña para reunirse en busca de llegar a un "mutuo acuerdo" sobre la controversia en cuestión.
"OLI Lux, a pesar de haber indicado que desplegó todos sus esfuerzos para que las partes puedan alcanzar acuerdos que permitan resolver sus diferencias, en ningún momento luego del año 2017 (año en el que presentó la Notificación de Disputa) se comunicó con la Comisión Especial, única encargada de la representación del Estado peruano en Controversias Internacionales de Inversión, para buscar una solución amistosa a la disputa […] No es posible aceptar negociar con una empresa que utiliza medidas de presión en contra del Estado".
Odebrecht ingresó una solicitud de arbitraje ante el CIADI el 21 de enero del 2020, para exigir más de US$1.200 millones de indemnización por supuestamente existir un incumplimiento del Estado al anular el contrato del Gasoducto Sur Peruano, en el que han ratificado ante la fiscalía peruana su responsabilidad en actos ilícitos.
En el documento de la demanda ante el CIADI se precisa que Odebrecht buscó un acuerdo con los ministerios de Energía y Minas y de Economía, ante la proximidad del vencimiento del plazo de un convenio para que la compañía pueda recuperar su inversión, pero —alega la constructora— las conversaciones fracasaron.
El Sicreci por su lado remarca que el Estado peruano "ya no está en la obligación de negociar" con Odebrecht y que, en adelante, cualquier comunicación se deberá hacer mediante el estudio jurídico Arnold & Porter, que fue contratado para que defienda los intereses del país ante el CIADI.
"Siendo este un arbitraje internacional en curso y considerando el proceso de colaboración eficaz, y la investigación en curso sobre los actos de corrupción en relación con el proyecto GSP, los intereses de defensa del Estado exigen que la Comisión Especial no haga declaraciones sobre el curso del arbitraje", concluye el texto del documento.
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