El procurador general del Estado, Daniel Soria, señaló este miércoles que la remoción de Jorge Ramírez de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato no implica una decisión de “carácter sancionador” o de “evaluación de desempeño”. Su aclaración se dio solo unas horas después de que se hiciera pública la decisión  del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado en el diario El Peruano.

“El objetivo tiene que ver con fortalecer el sistema de defensa jurídica del Estado y a la Procuraduría ad hoc. La idea es que no se ponga en tela de juicio la labor del sistema, que no haya ningún atisbo de duda sobre la actuación que se está llevando estos años, una actuación sin opacidad”, indicó en conferencia de prensa. 

Al ser consultado por la reunión entre representantes de Odebrecht y el Ministerio de Energía y Minas que Ramírez habría promovido, Soria afirmó que no se debe poner “en tela de juicio” el trabajo de la Procuraduría.  “El Consejo Directivo ha evaluado los acontecimientos difundidos y ha determinado que pudo haber una intención que trate de estar alineada con la defensa de los intereses del Estado, pero lo que debe quedar claro es que los caminos para llegar al logro de ese objetivo deben ser claros”, añadió. 

Este miércoles también se informó que el puesto dejado por Ramírez será ocupado por la procuradora Silvana Carrión, quien solicitó esta semana a la fiscalía que se incorpore a los exdirectivos de Odebrecht al proceso penal Gasoducto Sur Peruano, así como a la concesionaria que ganó la licitación y la subsidiaria de la empresa constructora.

“La Procuraduría va a apoyar esta continuidad para que los objetivos de conseguir adecuadas reparaciones civiles se cumplan. Nosotros confiamos que la labor del equipo contribuirán adecuadamente a que los intereses del Estado sean cautelados”, señaló Daniel Soria.

La salida de Jorge Ramírez 

Lo cierto es que Jorge Ramírez fue separado del cargo luego de que se revelara que le solicitó una reunión al hoy exministro de Energía Juan Carlos Liu, para atender a los representantes de Odebrecht, en un contexto en el que la constructora investigada por corrupción le interpuso una demanda internacional del Estado peruano por el caso Gasoducto Sur Peruano, proyecto en el que la empresa ratificó que hubo pagos ilícitos.

De otro lado, el ahora exprocurador del caso Lava Jato viene siendo investigado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Funcionarios Públicos, debido al monto de reparación civil a favor del Estado que negoció con Odebrecht. 

Las pesquisas tuvieron como origen de la denuncia del procurador anticorrupción, Amado Enco, lo denunció por presuntamente haber favorecido a la compañía brasileña en el acuerdo de colaboración eficaz que suscribió con el Ministerio Público. Asimismo, Enco afirma que Ramírez habría "pactado irregularmente" la devolución del dinero a Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica Chaglla.

(Foto de cabecera: Andina)

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