La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ya remitió a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la denuncia en contra del fiscal supremo Pedro Chávarry por el deslacrado ilegal de oficinas bajo la custodia del equipo especial Lava Jato, el 5 de enero del 2019.
La información debía ser remitida a la JNJ con un pedido de atención urgente para la destitución de Chávarry, según La República, pero no fue posible porque para ello se requiere un acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos, instancia bajo el control del aún fiscal supremo, gracias a los votos de sus cuestionados colegas Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez, los tres vinculados a la mafia de 'Los cuellos blancos del puerto'.
Ávalos Rivera ya había presentado esa misma denuncia ante el Congreso en mayo del 2019, por los delitos de atentado contra la conservación e identidad de objeto, encubrimiento real y encubrimiento personal agravado en grado de tentativa, pero tras un primer intento de archivar el caso, la mayoría fujimorista que controlaba el Congreso por entonces, otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales 15 días más de plazo para reevaluar la denuncia, que finalmente quedó en el tintero tras la disolución del Parlamento, el 30 de setiembre del año pasado.
Ante ello, la fiscal de la Nación decidió informar a la JNJ sobre la ilegal actuación de Chávarry, porque llevar el caso a la Junta de Fiscales Supremos sería inútil, ya que con los votos de los fiscales supremos Gálvez y Rodríguez Monteza, y el suyo, Chávarry frenaría cualquier pedido de destitución y generar una 'cosa juzgada' en la máxima instancia deliberativa del Ministerio Público.
Ahora la JNJ deberá evaluar las circunstancias particulares del caso y proceder de acuerdo con sus atribuciones, porque la permanencia de Chávarry en la institución es una amenaza constante al trabajo del Equipo Especial del caso Lava Jato.
Según fuentes de La República, en la Fiscalía de la Nación esperan que la JNJ no sea tan formalista para iniciar un proceso de destitución de Chávarry. En la Junta además está pendiente la revisión del proceso de ratificación automática de Pedro Chávarry en el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, en junio del 2018, lo cual podría generar la salida del ex fiscal de la Nación del Ministerio Público.
Sin embargo, el proceso de destitución por el deslacrado podría ser más rápido y la JNJ podría estar en condiciones, en unas semanas, de disponer la suspensión de Chávarry del cargo de fiscal supremo titular, pero si los integrantes de la Junta se desentienden del caso o devuelven el expediente, la Junta de Fiscales Supremos podría archivar todo.
El 5 de enero del 2019, la asesora Rosa Venegas y agentes policiales de seguridad a cargo de Chávarry irrumpieron en las oficinas de a sede central del Ministerio Público que habían sido lacradas por el despacho del fiscal José Domingo Pérez y sustrajeron documentos que comprometerían al entonces fiscal de la Nación con la investigación por lavado de activos a Keiko Fujimori y su partido.
En la investigación, Venegas declaró que actuó por órdenes de Chávarry. Y en un video de seguridad, se ve a la asesora y el mismo Chávarry, junto con los policías, llegar y salir de la sede de la fiscalía de la Nación el mismo día del deslacrado de las oficinas.
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