Desde la matriz de Odebrecht en Brasil confirmaron, mediante un un oficio al fiscal superior Rafael Vela Barba, jefe del equipo especial Lava Jato, que la demanda que interpusieron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es por el Gasoducto Sur Peruano, pero alegaron que lo hicieron para cumplir con sus acreedores.
En el documento en mención, fechado el 22 de enero de 2020 y que firmaron Ray Lemos Sampaio y Rogerio Bautista da Nova Moreira, director presidente y director jurídico, respectivamente, de Odebrecht S.A, que cita El Comercio, la empresa dice que la anulación de la concesión del gasoducto el 24 de enero del 2017, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, fue un "golpe muy fuerte" para la constructora frente a sus acreedores financieros y aseguradoras internacionales.
La matriz de Odebrecht cuestiona además que no haya habido una indemnización al consorcio que estaba a cargo del proyecto —integrado por Odebrecht, Enagás y Graña y Montero—, al considerar que se invirtió más de mil millones de dólares a través de financiamientos corporativos con bancos nacionales e internacionales.
La empresa brasileña recordó que en el mismo período en que había iniciado el proceso de colaboración eficaz con la fiscalía, Kuczynski dijo públicamente que Odebrecht no debería seguir operando en el Perú y que debía irse del país "en un plazo de seis meses o en un plazo menor".
Por ello, Odebrecht alega que se evidenció que el acto de terminación de contrato con el consorcio Gasoducto Sur Peruano "fue realizado con desvío de finalidad, motivados por intereses personales (y no públicos)".
Por último, dicen los ejecutivos de la matriz brasileña, la empresa quiso alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía ante la proximidad del vencimiento del plazo del convenio para recuperar su inversión, pero no hubo éxito y que por ello se decidieron presentar la demanda ante el CIADI.
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