La resistencia de la mayoría fujimorista y sus aliados en el Congreso disuelto a revisar la inmunidad parlamentaria —convertida en mecanismo de impunidad—, como parte de la reforma política planteada por el Ejecutivo, fue lo uno de los temas que mayor rechazo generó en la ciudadanía. Y casos como el de Edwin Donayre ahondaron el desprestigio de esta institución en los últimos años.
Ahora, varios de los candidatos que tentaron una curul en las elecciones del último domingo 26, enarbolaron esa bandera como parte de sus campañas, porque era un tema popular, según diversas encuestas. Así, de los nueve partidos que lograrían representación parlamentaria, seis propusieron que se elimine la inmunidad como tal, y otros tres, plantean que se hagan ajustes a la medida.
Acción Popular (AP), Alianza para el Progreso (APP), el Partido Morado (PM), el Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap), Unión por el Perú (UPP) y Somos Perú (SP) plantearon la eliminación completa de esa prerrogativa parlamentaria.
Podemos Peru (PP), Frente Amplio (FA) y Fuerza Popular se mostraron a favor de modificar la inmunidad parlamentaria a fin de regular el ámbito de protección de este mecanismo legal.
En el caso de PP, el partido que lidera Daniel Urresti —que tiene un juicio pendiente por violación de derechos humanos—, sostiene estar a favor de que la inmunidad parlamentaria rija desde el momento en que se inician las funciones legislativas y no para delitos cometidos anteriormente, pero en teoría, eso lo señala la norma actual. El problema es que se ha distorsionado su aplicación.
En tanto, el Frente Amplio considera que se debe modificar el Reglamento del Congreso para que la inmunidad parlamentaria solo se contemple para los delitos de función y para los casos de inmunidad de arresto.
Fuerza Popular está a favor que la inmunidad parlamentaria se mantenga, aunque reconoció que debe abrirse el debate para definir si el Congreso mantiene o no la facultad decidir el levantamiento del fuero de los legisladores o es una institución ajena al Parlamento.
Pero fue precisamente el fujimorismo y sus satélites los que, el 25 de julio del año pasado, en el último día de la legislatura ampliada, aprobaron en el Congreso un cambio cosmético al artículo 93 de la Constitución, que se refiere a la inmunidad parlamentaria. La modificación señala que seguirá siendo competencia exclusiva del Congreso y establece un plazo de 45 días para revisarlo. Si no se cumple con el plazo, la Corte Suprema puede solicitar el Tribunal Constitucional (TC) resuelva.
La reforma de inmunidad que había propuesto el Ejecutivo, que tuvo que someter a cuestión de confianza el tema para que sea visto en el Congreso, planteaba que la Corte Suprema sea la instancia encargada de levantar la inmunidad parlamentaria, lo cual al final fue descartado.
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