La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, anunció que el Ejecutivo aprobó el decreto de urgencia que reconoce el derecho a la negociación colectiva de condiciones económicas y no económicas para todos los trabajadores del sector público.
La medida beneficiará a más de un millón de servidores, incluidos los que están contratados bajo el régimen del sector privado, en la negociación de sus aumentos salariales y mejoras de condiciones laborales cada dos años, agregó la ministra, al destacar que la norma recoge lo que dispuso el Tribunal Constitucional.
"Es un decreto de urgencia importante porque contempla la prerrogativa del Tribunal Constitucional (TC), donde se reconoce el derecho a los trabajadores a la negociación colectiva, pero establece límites para no afectar el equilibrio fiscal", explicó Alva Luperdi.
En 2015, el TC resolvió que el Congreso apruebe una ley de negociación colectiva para el sector público. Le dio plazo de un año, pero no fue hasta el 2018 cuando se aprobó, pero la autógrafa fue observada por el Ejecutivo, que envió su propuesta de ley que tuvo luz verde en parte de la Comisión de Descentralización pero no en la Comisión de Trabajo. El proyecto se encarpetó tras la disolución del Congreso.
El decreto de urgencia en cuestión se aprobó el 15 de enero durante el Consejo de Ministros, dos días después de una reunión con los sindicatos y representantes de trabajadores de las empresas públicas, pero estos últimos dejaron constancia de su disconformidad con la medida, según apunta La República.
Una vez oficializada, mediante la publicación en el diario oficial El Peruano, norma se aplicaría recién a partir del 2021, porque las propuestas de negociación de los trabajadores se presentarán este año. Además, la negociación colectiva tendrá una vigencia de dos años, según lo establece la Ley Servir, señaló abogado laboralista y docente de la PUCP Javier Neves, quien dijo que la demora en la publicación del decreto le genera cierta sospecha.
"Los trabajadores públicos ya podrían negociar remuneraciones solo sobre las bases de la sentencia del Tribunal, pero hay conflicto de interés porque la Ley de Presupuesto lo impide. Por eso es importante que se diga que sí se puede negociar buscando la ponderación entre el derecho y un presupuesto equilibrado", remarcó Neves.
Hablan los sindicatos
Luis Eyzaguirre, representante del sindicato de trabajadores de Sedapal, explicó en La República por qué que no están a favor de la norma:
"El MEF ha tenido que ceñirse a lo resuelto por el Tribunal, pero está yendo más allá, haciendo abuso. Si bien están levantando la restricción del artículo 6 –que prohíbe el reajuste o incremento de remuneraciones–, a la vez están ciñéndose a la Ley de Presupuesto. Al final, el MEF será juez y parte del proceso y eso impide una libre negociación".
El vocero sindical sostiene que lo único nuevo del decreto es que permite que se negocien las condiciones económicas y no económicas cada dos años pero con restricciones presupuestales y previa autorización del MEF.
La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el mayor sindicato del país, saludó la aprobación de la norma, pero primero esperarán que se publique el reglamento para hacer un pronunciamiento formal, porque en ese documento "podrían haber candados".
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