En el 2012, se promulgó la Ley 29849, que estableció la eliminación progresiva del régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS). Sin embargo, hasta el momento, el Estado peruano no cumple con esta medida, lo que provoca que trabajadores de una misma institución estatal realicen labores similares y ganen salarios distintos. Entre los empleados afectados se encuentran los de la Defensoría del Pueblo, pero en este caso el agravante es que también se estaría incumpliendo un convenio colectivo.
En un comunicado, el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo denunció el incumplimiento de los convenios colectivos suscritos con la administración de la institución.
Según los trabajadores, estos convenios "buscan garantizar un trato igualitario entre trabajadores que desempeñan funciones similares, al margen del régimen laboral, específicamente en lo que se refiere a permenencia (o cese por razones objetivas) y equidad salarial".
"Esta situación vulnera nuestros derechos laborales, especialmente del personal con contratos CAS, cuya naturaleza temporal los expone a mayores abusos", agregan.
Además, la organización que representa a los trabajadores de la Defensoría muestra su preocupación por la independencia del actual Defensor, Walter Gutiérrez, en sus actuaciones. El sindicato afirma que estas "generan diversos cuestionamientos ante la opinión pública, perjudicando la imagen y legitimidad de nuestra institución frente a la ciudadanía".
Como se recuerda, Gutiérrez fue uno de los que defendió la designación de Marco Falconí como integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por tener presuntos vínculos con el destituido César Hinostroza.
Ante esta situación, el Sindicato de la Defensoría del Pueblo ha convocado a los trabajadores de la institución a una protesta nacional para el 14 de enero entre las 13:00 y 14:00 horas, que continuará luego de culminado el horario de trabajo.
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[Foto de portada: Andina]
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