Candidatas al Congreso debatirán la próxima semana sus propuestas a favor de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población peruana de cara a las elecciones del 26 de enero, en un contexto de alarmante aumento de la violencia que niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas LGTBI padecen a diario, y que requiere con urgencia de políticas públicas efectivas para combatirla.

La actividad, organizada por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) y el Movimiento Manuela Ramos, se realizará el próximo miércoles 15 de enero, a las 6 p. m., en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM). 

En el debate participarán las postulantes al Congreso Pepi Patrón (Partido Morado), Lucía Alvites (Juntos por el Perú), Rocío Silva Santiesteban (Frente Amplio) y Alexandra Ames (Somos Perú), quienes detallarán las iniciativas que impulsarán de llegar a ocupar una de los 130 curules del periodo legislativo complementario.

El diálogo también contará con el análisis de especialistas, como Farid Kahhat (docente de la PUCP) y Jennie Dador (abogada feminista), quienes evaluarán el contexto electoral y harán un balance sobre los riesgos que implican las agendas fundamentalistas y cómo estas atentan contra los derechos humanos, emplean los mecanismos de las democracias representativas, y apelan al miedo y al desconocimiento de un gran sector de la población.

Además, tres periodistas de investigación expondrán los reportajes en los que han puesto en evidencia cómo los grupos antiderechos, vinculados a confesiones religiosas, utilizan sus nexos con los poderes económicos y políticos para cuestionar avances en políticas públicas de igualdad y atentar contra la vida y dignidad de las personas. Se trata de Nelly Luna (la criminalización de mujeres que han abortado), Melissa Goytizolo (los centros de terapias de conversión) y Fernando Vivas (judicialización del Currículo Nacional de la Educación Básica).

En el 2019 se registraron más de 167 feminicidios, la cifra más alta desde que el Estado contabiliza esta forma de violencia contra las mujeres, en un contexto en el que Perú retrocedió en igualdad de género, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano del PNUD, debido al incremento de la tasa de embarazo adolescente y de las muertes maternas. 

Además, la implementación del enfoque de género en la educación estuvo en riesgo ante su judicialización. Ninguna de los proyectos de ley a favor de las personas LGTBI logró consenso en el Congreso para su aprobación.

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