A pesar que en octubre pasado el viceministro de Trabajo, Augusto Eguiguren, le dijo al diario Gestión que el gobierno de Martín Vizcarra no iba a aprobar medidas laborales a través de Decretos de Urgencia, el último viernes, en conferencia de prensa, los ministros anunciaron la ampliación hasta el 2031 la vigencia de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), un régimen especial para promover al sector agroexportador que se viene aplicando desde el 2000.
A pesar que este régimen afecta a los trabajadores, el Gobierno tomó esta medida sin dialogar con actores representativos de los empleados del sector, como la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Fentagro), afiliada a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). Precisamente es la principal central sindical del país la que se ha pronunciado, este domingo, cuando el Decreto de Urgencia ya está publicado en El Peruano.
En un pronunciamiento, la CGTP considera que la extensión de la vigencia del régimen laboral agrario es "un atropello más a los derechos humanos laborales". Incluso llega a llamarlo como "régimen de precariedad laboral agraria". El calificativo no es gratuito: la medida del Gobierno se toma en un contexto en el que los medios y la ciudadanía se están sensibilizando sobre la importancia de los derechos laborales, tras el caso de la muerte de jóvenes trabajadores en McDonald's, que destapó la precaria situación del trabajo en el Perú.
La central sindical considera también que este régimen como "discriminatorio" en perjuicio de los trabajadores y que solo ha beneficiado a "un puñado de grandes empresas, que durante el período de expansión de las agroexportaciones se han beneficiado de un régimen laboral que le ha significado menores costos a pesar que se trata de una actividad que por su alta productividad y fortaleza ha podido asumir los derechos laborales del régimen general".
Lo que critican del régimen laboral agrario es la desnaturalización de los beneficios laborales al estar prorrateados incluyéndolos en la remuneración diaria de los trabajadores. Además, niegan que se haya incrementado la remuneración, ya que esta solo se ha actualizado de acuerdo al monto del sueldo mínimo vigente.
Además, señalan que la indemnización por despido arbitrario se ha incrementado "tímidamente" manteniéndola diferenciada del régimen general. Consideran a esto preocupante porque la agroexportación es un sector en el que son frecuentes los contratos temporales, lo que, además, limita el ejercicio de la libertad sindical.
Si bien el Decreto de Urgencia Nº 043-2019 mantiene un incremento progresivo de los aportes a EsSalud, las agroexportadoras se han pasado casi veinte años aportando solo 4% del salario de los trabajadores en lugar del 9% que aportan las empresas del régimen general. El Gobierno ha decidido que se aumento primero a 6% y así progresivamente hasta el 2029, año en el que recién aportarían 9%. Para la CGTP, esto sigue constituyendo un "mecanismo de subsidio a estas empresas por los próximos 10 años a costa de la sostenibilidad financiera de la seguridad social en salud y de la mejora de los servicios a los asegurados de todo el país".
Además, el Gobierno ha decidido mantener los beneficios tributarios a las empresas agroexportadoras que pagan solo 15% del impuesto a la renta en la devolución del IGV. También ha extendido los beneficios a las comercializadoras de productos de agroexportación.
"Como ya lo ha denunciado nuestra central, el gobierno insiste en un régimen laboral de trato diferenciado que no tiene justificación en razones objetivas. Se trata más bien de un régimen laboral discriminatorio cuestionable desde el principio-derecho a la igualdad", afirma la CGTP.
"El gobierno de Vizcarra, su ministra de Trabajo (Sylvia Cáceres Pizarro) y la CONFIEP una vez más al margen del diálogo social y excediendo los límites constitucionales al dictado de medidas vía decreto de urgencia (carácter extraordinario, materia económica y financiera e interés nacional) legisla en materia laboral atropellando derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras de la agroexportación", agrega.
Por ello, la principal central sindical del país "llama a los trabajadores y trabajadoras a movilizarse activamente para frenar esta nueva ofensiva gubernamental y de la CONFIEP contra los derechos laborales".
Las críticas de la CGTP al régimen laboral agrario tienen sustento: un informe del MTPE de abril del 2018, en el que el Ministerio señaló que "afecta la sostenibilidad financiera de EsSalud" y "favorece a un segmento empresarial que no requiere de dicho subsidio, en perjuicio de otros sectores". También concluye que el régimen de la agroexportación "ha traído efectos colaterales negativos: mayor desprotección de los trabajadores ante el desempleo".
Datos:
En el 2019, las empresas agroexportadoras llegarían a la cifra de US$ 7,500 millones, según estimaciones del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). Anteriormente, la Asociación de Exportadores (Adex) había publicado las cifras sobre el período entre enero y julio del 2019: más de 3,538 millones de dólares. Entre las compañías que más exportaron, están Camposol, Virú, Danper Trujillo, Complejo Agroindustrial Beta, y Gandules Inc.
Según cálculos de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Fentagro), incluyendo estos beneficios laborales prorrateados, los trabajadores del campo solo reciben 1,400 soles mensuales en promedio.
[Foto de portada: DW]
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