El procurador anticorrupción Amado Enco presentó un pedido al Ministerio Público para que se inicie una investigación preliminar contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, así como a los miembros del Congreso disuelto, Miguel Torres y Héctor Becerril, por el presunto delito de tráfico de influencias en el marco del caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

De acuerdo al documento, difundido por El Comercio, la jefa del fujimorismo habría intentado buscar las influencias del exjuez supremo César Hinostroza -en su condición de presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria- con la finalidad de revertir la investigación fiscal por presunto lavado de activos que afronta por presuntos aportes ilícitos que recibió de Odebrecht. 

Esto se debe a que, en el 2018, cuando el magistrado supremo aún estaba en funciones como presidente de dicho tribunal, se encontraba conociendo el recurso de casación Nro. 528-2018, interpuesto por Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito Villanella. A través de la casación, se buscaba dejar sin efecto la decisión fiscal para adecuar el caso a la Ley de Crimen Organizado y de esta manera anular el plazo de ampliación de la investigación. 

Según la denuncia, la excandidata presidencial habría solicitado a Miguel Torres y Héctor Becerril, en su calidad de congresistas de la República por Fuerza Popular, interceder a su favor ante Hinostroza, presunto líder de la organización criminal. Como se recuerda, este recurso fue admitido por la Segunda Sala Penal Transitoria, pero fue declarada infundada posteriormente, por la Sala Penal Permanente, ya cuando no estaba el exjuez supremo.

"De los hechos se desprende que, presuntamente, Keiko Fujimori habría determinado a Héctor Becerril y Miguel Torres, ambos en su condición de congresistas en el momento de los hechos, a fin de que patrocinen intereses a su favor ante el ex juez supremo César Hinostroza, magistrado supremo que se encontraba conociendo el recurso de casación Nro 528-2018, en el proceso seguido contra Mark Vito y Keiko Fujimori, por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado”, se señala en el oficio que envió Amado Enco a la Fiscalía de la Nación. 

Como sustento, la Procuraduría incluye los testimonios de Antonio Camayo y del expresidente el Congres, Daniel Salaverry. Camayo, aspirante a colaborador eficaz develado, “reconoció que intercedió por la lideresa de Fuerza Popular para que se contacte con el exjuez supremo César Hinostroza”.  Ello se sostiene con la comunicación telefónica del 8 de marzo del 2018, donde Camayo usa el apelativo “Señora K” para referirse a la excandidata presidencial.

Pese a que Keiko Fujimori, junto a Hinostroza, negó que se trate de ella, el empresario confirmó a la Fiscalía que sí hablaba de la lideresa de Fuerza Popular. “La conversación sostenida entre ambos protagonistas habría sido con la finalidad de coordinar una reunión en la casa de Antonio Camayo, entre la señora Keiko Fujimori y el entonces juez supremo César Hinostroza”, se sostiene. 

Por su parte, Daniel Salaverry reconoció ante el Ministerio Público que en mayo de 2018, Keiko Fujimori le pidió que entre en contacto con Hinostroza  para tener una reunión con él. Agregó Salaverry que la lideresa de su expartido, días después, le dijo que Becerril y Torres se encargarían de hablar con el exjuez supremo. A ello se suma el audio del 1 de agosto del 2018, en el que se escucha la comunicación entre Becerril y el exjuez supremo.

Según el documento presentado por Amado Enco, la denuncia se interpuso “con el propósito de salvaguardar los intereses del Estado por los daños causados en contra de la administración pública en el denominado Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, uno de los casos de corrupción más emblemático en el sistema judicial”.

Pese a las pruebas, la abogada de Fujimori, Giulliana Loza, afirmó a El Comercio que la denuncia “no procede”, dado que “no hay nada” de contenido penal. 

(Foto de cabecera: RPP)

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