En el nuevo pedido de prisión preventiva de 36 meses que presentó el Ministerio Público contra Keiko Fujimori, que será evaluado este 26 de diciembre por el Poder Judicial, el equipo especial Lava Jato calculó que la pena que tendría que afrontar la jefa de Fuerza Popular es de 24 años y 10 años de cárcel, de acuerdo a los nuevos elementos de convicción incorporados a la investigación en el último año.
El fiscal José Domingo Pérez, a cargo del caso, en su requerimiento, sostiene que los hallazgos de su despacho, testimonios, documentos, entre otros elementos, apuntan a que persiste un riesgo creciente de fuga o de obstrucción a la justicia por parte de la dos veces candidata presidencial, que fue liberada gracias a un fallo del Tribunal Constitucional (TC) tras permanecer 13 meses bajo prisión preventiva por la investigación por el delito de lavado de activos por la recepción de dinero ilícito de la constructora brasileña Odebrecht y de otras fuentes que habría usado para sus campañas electorales del 2011 y 2016.
Ahora, la pena estimada por la fiscalía en su nuevo requerimiento —que cita El Comercio— se basa en todos los delitos imputados, que van desde el lavado de activos, pasando por asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica y fraude procesal, hasta falsa declaración en un proceso administrativo. Son 132 testigos entrevistados por Pérez Gómez que apuntan en ese sentido, incluidas personas que ya habían sido interrogadas y que ampliaron sus declaraciones.
Según el despacho de Pérez Gómez, los cargos imputados evidencian de que hay en este caso un "concurso real de delitos", por lo que se tendría que sumar cada una de las sanciones a imponerse.
Para el magistrado, ahora el delito de lavado de activos imputado a Keiko Fujimori se fortalece con las declaraciones de nuevos colaboradores eficaces, testigos y los mismos aportantes que ante su despacho han admitido que no donaron dinero a las campañas de la jefa de Fuerza Popular como figuren en los reportes emitidos a las autoridades electorales.
Por ello, Pérez incluyó una relación de 140 elementos de convicción nuevos como parte de la fundamentación del pedido para que Keiko Fujimori vuelva a afrontar el proceso bajo prisión preventiva, porque hay suficiente evidencia probatoria de que la excandidata presidencial y sus coinvestigados, buscaron ocultar el ingreso del dinero ilícito y darle una apariencia de legalidad, lo que —subraya— configura una asociación ilícita para delinquir.
La tesis fiscal sostiene además que toda organización criminal tiene una cúpula o dirigentes, que son los encargadas de la dirección, coordinación y supervisión "de actividades criminales" y que Keiko Fujimori Higuchi fue la cabeza y ordenó que se incluyan a "falsos aportantes" dentro de la información económica-financiera que su partido entregó a la gerencia de supervisión de fondos partidarios de la oficina nacional de procesos electorales (ONPE).
Eso quedó demostrado con el testimonio de Jorge Yoshiyama Sasaki, quien dijo que "para la campaña presidencial del 2016, siendo ya amigo de Keiko Fujimori, ella me pide buscar falsos aportantes para el partido [...] como lo hice en el año 2011, para lo cual me pide coordinar con Adriana Tarazona Martinez para que ella le entregue dinero para ser depositado al partido Fuerza Popular”.
Para el fiscal Pérez Gómez, en el caso de Keiko Fuimori y sus co-imputados no solo persiste el peligro procesal, a través de la fiscalía, el Poder Judicial y el Poder Legislativo —antes de su disolución— sino además "sospecha grave", como exige el Acuerdo Plenario 01-2019 de setiembre del 2019 de la Suprema.
¿Es suficiente para que vuelva a prisión?
Para el abogado penalista, Carlos Caro, el nuevo pedido de prisión preventiva "es difícil que pueda ser acogido" porque, pese los nuevos elementos presentados, abunda en información que ya había usado en su solicitud de 2018 y que ya el TC desestimó en el fallo que anuló la prisión preventiva contra Keiko Fujimori.
Agregó que lo que ve son suficientes elementos para que el caso pase de una vez a un juicio oral. "Ya el fiscal tiene más que bastante información para llevar a un juicio oral y lo que debiera pasar acá es lo mismo que con el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia: que se presente la acusación y se vaya a juicio", dijo Caro citado por El Comercio.
"No hay Congreso, no hay Hinostroza, la señora K, la presión a los testigos que ya declararon; y el único que quedaría en el poder es el caso del señor Pedro Chávarry, pero este está con comparecencia (…) entonces, el peligro procesal está debilitado y para una prisión preventiva debe haber un peligro real y manifiesto", explicó el penalista.
Caro cree que en el caso de Keiko Fujimori mejor sería solicitar el impedimento de salida del país, control biométrico, caución y otras medidas restrictivas, porque con los nuevos estándares que fijó la Corte Suprema no da para "prisión preventiva". "Su peligrosidad no ha aumentado (…) bajo eso, el juez frente a eso puede imponer medidas con restricciones, puede imponer una medida intermedia", anotó.
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