Este jueves, se publicó en el diario oficial El Peruano, el Decreto de Urgencia Nº 026-2019 que aprobaba "medidas extraordinarias de liberación y expropiación de áreas y la implementación de las intervenciones viales temporales a realizarse en el corredor vial Apurímac-Cusco”.
La zona en mención es también conocida como el Corredor Minero del Sur, porque esta es la ruta de los minerales extraídos de proyectos de transnacionales, entre los que se encuentran Antapaccay (Glencore) y Las Bambas (MMG Limited).
Actualmente, la zona de Las Bambas mantiene un conflicto socio-ambiental con las comunidades campesinas de Apurímac y Cusco.
En este contexto, el anuncio de medidas para la "expropiación" resultó preocupante para las organizaciones que defienden los derechos de los pueblos indígenas. Cooperacción señaló que "con la expropiación se estaría dejando de lado la negociación con los propietarios o posesionarios afectados por la construcción o ampliación de la carretera que se usa para el transporte minero de Las Bambas".
"Estas negociaciones se llevaban a cabo para regularizar la situación legal de los predios usados sin el consentimiento de sus propietarios", recordó la organización.
Una expropiación sin autorización por ley expresa del Congreso en favor del Estado sería inconstitucional, como lo ha señalado el Tribunal Constitucional (TC) en varias sentencias.
Horas más tarde de hecho público este Decreto de Urgencia que aprobaba las medidas de expropiación, el gobierno de Martín Vizcarra quiso corregir lo que se entiende como un "error". Por la tarde, publicó una Fe de Erratas del DU y retiró la palabra "expropiación" del título del documento.
Sin embargo, los contenidos de la norma siguen siendo los mismos. Con ello, sostiene Cooperacción, se está estableciendo un mecanismo de expropiación que puede repercutir en prácticas confiscatorias del Poder Ejecutivo en perjuicio de las propiedades y territorios de las comunidades campesinas ubicadas en la zona del Corredor Minero del Sur.
El TC señala que “se estará ante supuestos inconstitucionales de privación del derecho de propiedad, cuando:
a) no exista una ley del Congreso de la República que declare la expropiación sino otra norma con rango de ley”. En los supuestos que el Estado expropie sin cumplir este requisito, “confisca el derecho de propiedad por cuanto se apodera de la totalidad o de una parte considerable de los bienes de una persona sin que exista ley del Congreso de la República o sin que se presenten algunos de los motivos contemplados en la Constitución para que proceda la expropiación, o sin indemnización”.
La aprobación de esta norma podría reactivar el conflicto socio-ambiental por el proyecto minero Las Bambas. La próxima semana se tienen programadas reuniones en la Mesa de Diálogo de Cotabambas.
"Nos preguntamos, cómo van a ir las autoridades del Estado a negociar con las comunidades habiendo aprobado una norma de estas características, pues esta medida genera un clima de desconfianza", señala Cooperacción.
[Foto de portada: Ojo Público]
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