La cúpula de Fuerza Popular optó por guardar silencio ante el equipo especial Lava Jato, como una estrategia concertada en la investigación contra Keiko Fujimori —que acaba de ser excarcelada luego de que el TC revocó el mandato de prisión preventiva que cumplía hace un año— y su partido, por los aportes ilegales que recibió para sus campañas políticas.
Son cuatro los dirigentes —activos y retirados— del fujimorismo que han hecho uso de su derecho al silencio, que aunque está consagrado constitucionalmente, en el Ministerio Público sostienen que se trata de una medida que buscaría entorpecer las investigaciones por presunto lavado de activos que afrontan, señalaron fuentes que cita La República.
La presidenta del partido, Keiko Fujimori; el exsecretario de Organización, Pier Figari Mendoza, que sigue bajo prisión preventiva, y los ex secretarios generales, Jaime Yoshiyama Tanaka y José Chlimper Ackerman, no quisieron responder en los interrogatorios a las preguntas del fiscal José Domingo Pérez.
Los cuatro decidieron guardar silencio luego de que fueron incriminados por varios testigos de ser los que recibieron y ocultaron, a través de falsos aportantes y otras actividades simuladas, los millones que entregaron empresarios y conglomerados privados para las campañas de Keiko Fujimori de 2011 y 2016.
Entre los testimonios claves que los implican figuran, por ejemplo, los de Jorge Yoshiyama Sasaki y Luis Mejía Lecca, que participaron de forma directa en los hechos. El primero, sobrino de Jaime Yoshiyama, confesó que Keiko Fujimori no solo sabía de los aportes de Odebrecht a su campaña de 2011, sino que además intervino en las acciones para ocultar los fondos y buscó obstruir la investigación.
Por su lado, Mejía Lecca, que fue personero legal, extesorero y ex asesor legal de Fuerza Popular, dijo que Keiko Fujimori era la jefa absoluta del partido y todas las decisiones eran aprobadas por ella. Reveló que, en coordinación con Ana Herz de Vega, sustrajeron documentos del local de la campaña en Los Morochucos, Surco, y los quemaron en la casa de Herz para evitar que el fiscal José Pérez y su equipo puedan incautar esa evidencia presuntamente incriminatoria.
Chlimper tampoco quiso responder después que el empresario Abraham Zavala Chocano, gerente de CRP Radios, conglomerado de medios de comunicación que poseen varias cadenas de radioemisoras, declaró ante la fiscalía que antes de la segunda vuelta de la campaña de 2011, le entregó US$266 mil en efectivo para la publicidad electoral de Keiko Fujimori. Y antes, el exgerente del Grupo RPP, Hugo Delgado Nachtigall, declaró también que el mismo Chlimper le dio US$ 210 mil al cash en el mismo periodo electoral.
"Se abstienen de declarar para ganar tiempo", dijo el penalista Luis Lamas Puccio, en La República, sobre la estrategia del silencio de Keiko y su cúpula. "No se trata de un investigado en particular sino de un grupo de investigados que tienen una ubicación muy importante en el contexto de la investigación de los fondos de Fuerza Popular", apuntó.
La también penalista Tania Quiroz Cárdenas sostuvo que el derecho a guardar silencio no puede ser utilizado en contra del investigado porque forma parte de una estrategia de defensa amparada por la ley. "El Estado tiene mecanismos para impedir el entorpecimiento a la acción probatoria, por lo tanto, el derecho a guardar silencio no debe enterderse como la obstaculización", apuntó la abogada.
Más testigos
De otro lado, el fiscal José Domingo Pérez citó a otros 23 testigos por el caso de aportes a Fuerza Popular. Entre los convocados por el equipo especial Lava Jato hay miembros del Congreso disuelto, integrantes de la llamada ‘Comisión Pari’ y empresarios, entre estos, Antonio Camayo, operador de 'Los cuellos blancos'.
Así, deberán concurrir al despacho del fiscal Pérez, por ejemplo, tres integrantes de la Comisión Lava Jato del Legislativo: Rosa Bartra, Humberto Morales y Víctor Andrés García Belaunde; también fue citado César Segura Izquierdo, que presidió la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Asimismo, fueron citados Jorge del Castillo y Javier Velásquez, del Apra, así como Daniel Salaverry, expresidente del Congreso, y Rolando Reátegui.
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