Trámite cumplido. El Ejecutivo presentó formalmente el viernes su respuesta ante el Tribunal Constitucional sobre la admisión de la demanda competencial contra la disolución del Congreso que el titular de la Comisión Permanente del Parlamento, Pedro Olaechea, presentó ante el órgano constitucional.
El procurador del Ministerio de Justicia y Derechos Luis Huerta Guerrero fue quien entregó personalmente en el TC el documento con los argumentos del Gobierno y remarcó que el accionar del presidente Martín Vizcarra, de cerrar el Legislativo el pasado 30 de setiembre, fue constitucional porque el pleno del Congreso rechazó la confianza solicitada por el entonces primer ministro Salvador del Solar.
El abogado del Estado cuestionó que la Comisión Permanente sostenga que el jefe del Estado "no puede hacer uso de sus facultades de disolver el Congreso, y por lo tanto busca evitar que la ciudadanía se pronuncie sobre la crisis política" cuando en su demanda de competencias ni siquiera realizó un análisis del artículo 134° de la Constitución, que es el que faculta al presidente a cerrar el Parlamento tras dos negaciones de confianza al Consejo de Ministros.
"No se puede interpretarse de forma literal señalando que el Congreso solo niega la confianza cuando vota en negativo. Lo que plantea el Ejecutivo es que la negación de confianza también se puede dar a través de la conducta del Congreso, de comportarse en contra de lo que se le ha solicitado", señaló el procurador.
Huerta Guerrero remarcó que la "esencia de la respuesta" del Ejecutivo defiende el derecho que la Constitución consagra para que la población decida sobre asuntos públicos, además de la facultad del presidente en torno a este tema.
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