En Bolivia, Evo Morales renunció a la presidencia con el objetivo de que se detengan las protestas en su contra y "pacificar" al país. Sin embargo, lo que ha venido luego de su dimisión ante amenazas de las Fuerzas Armadas es más violencia y represión por parte del gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Añez.
El último fin de semana, al menos nueve bolivianos fueron asesinados cuando protestaban contra el gobierno de Añez, a quien consideran como ilegítimo y producto de un golpe de Estado. Los manifestantes eran cocaleros y fueron víctimas de la represión de agentes del Estado.
En este contexto, por el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el "uso desproporcionado de la fuerza militar y policial" y la ONU alerta del peligro por estas acciones represivas, el gobierno de Añez aprobó un decreto que garantiza impunidad para los agentes del Estado que provoquen muertes cuando repriman a los manifestantes.
En su tercer artículo, este decreto señala que los agentes están exentos de responsabilidad penal cuando repriman las protestas.
“El personal que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad”.
Ante ello, la CIDH denuncia que este decreto va en contra de las normas internacionales.
“El grave decreto de Bolivia desconoce los estándares internacionales de DD.HH. -derechos humanos- y por su estilo estimula la represión violenta”, advirtió en Twitter.
En este sentido, el organismo internacional condenó “cualquier acto administrativo del gobierno de Bolivia que atente contra el derecho a la verdad, la justicia y al derecho internacional de los DD.HH., particularmente en el contexto de actuaciones de Fuerzas Armadas en las protestas sociales”.
Desde México, donde está asilado, Morales afirmó que esta es "una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo".
[Foto de portada: AFP]
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