La última declaración ampliatoria que dio Jorge Yoshiyama Sasaki ante el equipo especial Lava Jato ─que Keiko Fujimori tildó de ser una "jugada sucia" de la fiscalía para evitar su excarcelación─ también revela que la jefa de Fuerza Popular quiso, por intermedio de su bancada, que tenía mayoría en el Congreso disuelto, que se aprueben proyectos de ley para frustrar la investigación fiscal por presunto lavado de activos.
El testigo clave del despacho de José Domingo Pérez confirmó que él participó en la estrategia para ayudar a Keiko Fujimori a librarse de las pesquisas ─algo que siempre han negado en las huestes naranjas─, reveló La República, que añade que aunque la bancada fujimorista logró avanzar hacia ese fin, no pudo concretarlo, en parte por el cierre del Parlamento.
El último 4 de noviembre, Yoshiyama Sasaki le dijo a la fiscal Elvia Caro Izquierdo que la dos veces candidata presidencial recurrió a la mayoría parlamentaria que tenía su partido para buscar la aprobación de normas que la ayuden a dejar la prisión preventiva que cumple hace más de un año.
En esa misma declaración, el testigo clave ─que se acogió a la confesión sincera─ además confirmó que su tío Jaime Yoshiyama Tanaka le entregó US$ 800 mil en efectivo para financiar la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011, y que reclutó a 46 falsos aportantes para simular esas donaciones que la fiscalía cree que salieron de la Caja 2 de Odebrecht.
Jorge Yoshiyama afirmó también que fue la propia jefa de Fuerza Popular la que hizo las coordinaciones y ordenó que su bancada buscara la aprobación de leyes que requería para desactivar la investigación de Equipo Especial, lo que confirma la tesis de la fiscalía: que Keiko Fujimori y su entorno buscan obstruir la acción de la justicia.
"Respecto a los proyectos de ley para perjudicar la investigación, y teniendo mayoría en el Congreso, Keiko Fujimori personalmente mandó a preparar los proyectos de ley para que el caso se archive, buscando modificar el delito de lavado de activos y organización criminal para que los partidos políticos no sean considerados organizaciones criminales".
Según el sobrino de Jaime Yoshiyama, Keiko lo coordinó directamente con Arsenio Oré Guardia, que a su vez lo derivó al abogado Eduardo Alcócer Povis. El proyecto en cuestión buscaba modificar el Código Procesal Penal respecto a los plazos de investigación y lo elaboró Alcócer junto con su colega Freddy Valenzuela Ylizarbe.
Esa iniciativa se aprobó en la Comisión de Constitución, que dirigía por entonces la fujimorista Rosa Bartra, el 28 de noviembre de 2018, según fuentes vinculadas al caso. Luego, la misma Bartra Barriga presentó un texto sustitutorio del contenido del dictamen, en el que establecía que para que se configure lavado de activos, la fiscalía debía probar que la persona sabía previamente que el origen de los fondos era ilegal.
Esto último encajaba con la estrategia legal de la defensa de Keiko Fujimori, que no solo niega haber recibido dinero de Odebrecht sino que tampoco conocía de algún ningún aporte de la constructora brasileña. "Jamás recibí ni conocí ningún aporte de Odebrecht", insistió este último lunes la excandidata en un mensaje que se difundió por redes sociales.
El dictamen de Bartra además señalaba que el informe que presentan los partidos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) libra de responsabilidad civil, administrativa y penal a la organización política y a las personas. Aquí otra vez se trata de una norma a la medida, porque Fuerza Popularentregó informes a la ONPE que señalan que ha cumplido con las exigencias de ley.
El dictamen sobre el financiamiento ilegal de partidos podía a ayudar a que todos los procesos contra Fuerza Popular se archiven. Estuvo a punto de convertirse en ley, porque se aprobó en el Pleno y se le exoneró de segunda votación. Solo faltaba publicarla, pero el excongresista Richard Arce interpuso una reconsideración y así se frustró la intentona fujimorista.
El segundo proyecto que Keiko Fujimori buscaba que se apruebe en el Congreso se refería al derecho a ser juzgado penalmente en un plazo razonable; es decir, quería reducir los plazos de investigación, para afectar el trabajo del equipo Lava Jato, de acuerdo con fuentes que cita La República.
El abogado Valenzuela Ylizarbe confirmó la versión de Jorge Yoshiyama al ser consultado por el citado medio. "Efectivamente, en abril del año pasado, el señor Jorge Yoshiyama consultó al doctor Arsenio Oré y a su vez el doctor Arsenio Oré me encargó que yo analizara un proyecto de ley que estaba vinculado a unos temas procesales [...] Mi labor era analizar la viabilidad o la coherencia normativa de lo que se planteaba", apuntó, pero negó que él haya elaborado algún proyecto de ley como tal. "El señor Yoshiyama trajo un proyecto para que lo revisara", dijo.
"El proyecto planteaba reducir el plazo de las diligencias preliminares y lo que le dije era que lo que se estaba proponiendo no guardaba sintonía con los pronunciamientos de la Corte Suprema. Entonces, me consultó qué era lo que yo podría plantear ante esto. Y yo le dije que ir en sintonía con la Corte Suprema, porque en ese momento la Corte Suprema establecía que la duración máxima de las diligencias preliminares era de 8 meses".
Para la fiscalía está claro que esos proyectos, promovidos por Keiko Fujimori, según Jorge Yoshiyama, "fueron parte de la obstrucción a la justicia mediante el uso de su fuerza parlamentaria para adecuar la legislación a favor de sus intereses procesales".
Lee también
Keiko Fujimori tilda de "jugada sucia" el testimonio de Jorge Yoshiyama que complica su situación
