El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) publicó el proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 728, de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en el que proponen, para el debate público, una serie de cambios que buscan modernizar las normas laborales a nivel reglamentario y establecer reglas más claras y predecibles para trabajadores y empleadores.

Así lo destacó el viceministro de Trabajo, Augusto Eguiguren Praeli, al referir que las novedades planteadas también buscan garantizar los derechos laborales en el país. Según dijo, la propuesta es el resultado de un trabajo técnico y de un proceso de diálogo social realizado en Lima y en las diversas regiones del país durante los agosto y setiembre. 

"Hemos tratado de recoger los principales aportes y necesidades de los actores sociales", refirió el funcionario, al precisar que no solo participaron los gremios de empleadores y trabajadores del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE).

Explicó que también hubo diálogo con consejos regionales de Trabajo y Promoción del Empleo de las regiones, a través de talleres y foros académicos, en los cuales hubo presencia de organizaciones juveniles y de la sociedad civil, magistrados del Poder Judicial, colegios profesionales, inspectores de trabajo y representantes de las micro y pequeñas empresas, entre otros. 

"Como sector nos comprometimos a pre-publicar los proyectos y dar un espacio adicional de 30 días calendario para recibir nuevos aportes y así tener un texto que refleje la modernización y actualización de la normativa y reglas más claras y predecibles", dijo Eguiguren.

Los cambios propuestas

El viceministro explicó que el proyecto de decreto aborda materias esenciales del desenvolvimiento de las relaciones laborales del sector privado, que no se habían actualizado hace más de 22 años.

Así, por ejemplo, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral incorpora el concepto de rendimiento deficiente como causal de cese referida a la capacidad del trabajador, pero el problema, remarcó Eguiguren, es que la norma y tampoco el reglamento vigente habían establecido requisitos para su aplicación práctica.

El proyecto desarrolla pautas muy claras que el empleador debe observar en su aplicación, y establece como garantía un sistema de gestión del rendimiento en base a criterios objetivos, razonables y aplicables a trabajadores en condiciones similares, que deben ser comunicados con claridad al inicio del vínculo laboral. "Así se reduce la posibilidad de discrecionalidad de empleadores y se protegen los derechos del trabajador", indicó.

El viceministro mencionó también otro tema vinculado al pago en especies, que en la actualidad es permitido por ley,  pero no había una regulación sobre sus límites y características. "Con la propuesta normativa, este pago no puede representar más del 30% del total de la remuneración del trabajador, para evitar prácticas desproporcionadas por parte de las empresas y se excluye algunos bienes como licores y similares", apuntó.

Eguiguren explicó además el pago de indemnización para aquellos trabajadores de confianza. "No puede excluirse de la tutela indemnizatoria a un trabajador porque se le retiró la confianza", mencionó. Agregó que esa medida no está prevista en la ley como causa de extinción del vínculo laboral, y las normas constitucionales y legales garantizan la protección contra el despido arbitrario sin distinciones.

El viceministro indicó que otro tema relevante incluido en el proyecto prepublicado es el que amplía la protección de despido nulo antisindical, que en la actualidad comprende solo a dirigentes y candidatos a dirigentes, pero ahora se incluye a los delegados, miembros de comisiones negociadoras y representantes de secciones sindicales.

Otro cambio también importante, dijo Eguiguren, es que se establece que todos los beneficios sociales deben ser cancelados dentro de las 48 horas al cese. "Esta precisión es importante ya que actualmente este plazo solo está previsto para el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)", apuntó.

Además se ha propuesto que el pago de la indemnización por despido arbitrario se debe realizar de manera diferenciada de la liquidación de los beneficios sociales, al utilizar cuentas separadas o mediante consignaciones judiciales independientes.  Considerando la jurisprudencia constitucional, esta medida permitirá que los actos unilaterales del empleador impidan luego el cuestionamiento judicial del despido, remarcó el viceministro. 

Eguiguren sostuvo que las propuestas desarrolladas buscan un equilibrio en las relaciones laborales y se complementan con las acciones del MTPE que buscan el fortalecimiento del sistema de inspección de trabajo. "Dentro del plazo de 30 días, esperamos nuevos aportes de los interesados. Eso nos permitirá enriquecer esta propuesta y dotar al país de normas laborales modernas, equilibradas y producto del diálogo social", refirió.

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