La admisión a trámite de la demanda competencial contra la disolución del Congreso ha sido una derrota categórica para el titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, y compañía, aunque algunos no lo hayan interpretado así. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC), además de aceptar el requerimiento, que es un mero formalismo, declaró improcedente una medida cautelar presentada sobre el mismo caso y aclaró, de esta manera, que las elecciones convocadas para el 26 de enero siguen marcha.
El mencionado recurso que planteaba suspender los comicios para restablecer el Congreso disuelto el pasado 30 de setiembre, no fue aceptado por el colegiado, con los votos de los magistrados Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez, Eloy Espinosa-Saldaña, Marianella Ledesma Narváez y Augusto Ferrero Costa. Quienes se pronunciaron a favor fueron los magistrados Ernesto Blume (titular del TC) y José Luis Sardón.
De acuerdo con los plazos procesales del trámite del Tribunal Constitucional, una sentencia sobre este caso podría estar lista para la tercera semana de febrero; es decir, casi un mes después de que la ciudadanía concurra a las urnas para elegir un nuevo Parlamento que culminará el actual periodo legislativo hasta el 28 de julio del 2021.
De acuerdo con la propuesta del magistrado Carlos Ramos, la demanda de competencia se admite a trámite “por el principio pro actione, es decir evitar que determinadas interpretaciones del texto de la ley obstaculicen el derecho del justiciable a que se resuelva su pedido”. Asimismo, precisa que esto no supone que el TC reconozca a Olaechea como presidente del Congreso, cargo con el que firma la demanda de competencia, pues este organismo está disuelto.
El tribuno Eloy Espinosa-Saldaña explicó que con las admisión de la demanda competencial solo se reconoce el derecho del Congreso a recurrir al TC, además de la necesidad y obligación que tiene todo Tribunal Constitucional de dar una respuesta conforme a la Constitución a los problemas más importantes que hay en una sociedad.
Ahora se procederá a notificar al Poder Ejecutivo la pretensión de la Comisión Permanente del Congreso para que el TC se pronuncie sobre la denegatoria de la cuestión de confianza y la decisión de cerrar el Congreso. Ramos y Espinosa-Saldaña detallaron que luego de que el 4 de noviembre se publique la resolución de admisión a trámite de la demanda, esta será notificada al Gobierno de Martín Vizcarra para que conteste en un plazo no mayor a 30 días útiles.
(Foto de cabecera: Andina)
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