Hace un mes exactamente, el 30 de setiembre, el presidente Martín Vizcarra cerró el Congreso en virtud a las facultades que le otorga la Constitución. Por ello, desde este miércoles, 30 días después, los miembros del Parlamento disuelto, pierden de forma automática su inmunidad para casos de delitos comunes y para los delitos de función tienen aún derecho al antejuicio político por cinco años.
Esta medida no alcanza a los 28 miembros de la Comisión Permanente que está en funciones, por lo que mantienen la inmunidad hasta que terminen su gestión en enero próximo, cuando se elegirá al nuevo Congreso.
Aunque hay varios excongresitas que tienen cuentas pendientes con la justicia, por delitos comunes (aquellos ajenos a la función congresal o perpetrados antes de que asuman el mandato), el Poder Judicial (PJ) tendrá que revisar caso por caso, al tratarse de una situación nueva, sostuvo el exoficial del Congreso José Élice, en La República.
En la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria están notificados y desde el lunes próximo revisarán los casos que están pendientes. El juez Francisco Távara, titular de esta instancia, dijo que lo más probable es que, al vencimiento de este plazo, se reciban nuevos requerimientos de jueces y fiscales.
El constitucionalista Luciano López explicó que la perdida de la inmunidad se tiene que cumplir, al margen de la demanda competencial que se tramita en el Tribunal Constitucional, porque hasta que no haya un fallo sobre el tema, "el acto rige".
Así las cosas, los excongresistas investigados, procesados o sentenciados por delitos comunes, como los fujimoristas Moisés Mamani (tocamientos indebidos) y Joaquín Dipas (condenado a cinco años de prisión por delito de colusión, que fue cometido antes de ser electo), ya no podrán seguir amparándose en la inmunidad parlamentaria.
Distinto es el caso de los investigados que integran la Comisión Permanente, como los fujimoristas Héctor Becerril, Karina Beteta y Mario Mantilla; Richard Acuña de APP y Gilbert Violeta de Contigo. Ellos aún mantienen su inmunidad.
En el caso específico de la aprista Luciana León, investigada por sus nexos con la mafia Los intocables ediles, se aplicaría la figura del antejuicio, porque los delitos que se le imputan (tráfico de influencias y cohecho pasivo propio) ocurrieron en el ejercicio de sus funciones. "En esos casos corresponde el antejuicio político y no se les puede procesar hasta cinco años después", precisó la jurista Romy Chang.
Hay al menos 31 excongrestistas investigados por distintos delitos que van a tener que responder desde hoy a la justicia como cualquier ciudadano de a pie. Entre los casos más sonados, además de los ya indicados, están los de César Villanueva, Javier Velásquez, Roberto Vieira (que quiso irse del país hasta dos veces), Úrsula Letona, César Segura, Wilbert Rozas, Yesenia Ponca, Yonhy Lescano, entre otros.
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