Todo estaría listo para que el Equipo Especial y la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato soliciten al Poder Judicial limitar los derechos del Partido Nacionalista Peruano y Fuerza Popular en las elecciones del 2020 (congresales) y 2021(generales). La fiscalía maneja la hipótesis de que ambas agrupaciones políticas fueron utilizadas por sus líderes para cometer graves crímenes de corrupción y lavado de activos. 

La versión de que el pedido se formalice ya trasciende en las audiencias de los procesos que se siguen al expresidente Ollanta Humala y a la excandidata presidencial Keiko Fujimori por lavado de activos.  Así, este 7 de noviembre, el titular del 4° Juzgado de Investigación Preparatoria, Víctor Zúñiga Urday, evaluará la incorporación del partido fujimorista en el caso de los cócteles, eventos de fachada para encubrir aportes de origen desconocidos, entre ellos los que hizo Odebrecht.

De aprobarse la incorporación del partido que lidera Keiko Fujimori al proceso penal, seguidamente la fiscalía o la procuraduría podrían pedir que se adopten “consecuencias accesorias” como su disolución, imposición de una multa (desde S/ 21.000 hasta S/ 1.260.000) o la suspensión temporal de sus actividades,  y la incautación de sus cuentas bancarias y otros bienes.

Este lunes circuló la versión de que el fiscal José Domingo Pérez pedirá la suspensión temporal de Fuerza Popular por los próximos tres años, lo que le impedirá participar en las elecciones de enero del 2020 para renovar el disuelto Congreso y en las elecciones generales del 2021.

El fiscal Pérez ha precisado que el Acuerdo Plenario 1-2017 ha reconocido que un partido político “sí constituye una organización criminal en tanto los dirigentes se aparten del derecho y creen una organización criminal con estructura propia”, lo que permitiría adoptar medidas temporales, para evitar que se sigan cometiendo actos ilícitos o se cometan nuevos crímenes.

Nacionalistas en la cuerda floja

El caso de la agrupación que lidera Ollanta Humala estaría más complicado aún. El fiscal Germán Juárez Atoche ya ha pedido la disolución del Partido Nacionalista Peruano, en la acusación que presentó contra el expresidente, su esposa Nadine Heredia y colaboradores en mayo pasado. 

Juárez Atoche argumentó que la organización política se instrumentalizó durante las campañas del 2006 y 2011 para cometer delito de lavado de activos y que existe un alto riesgo de que esto pueda volver a ocurrir. 

Al absolver algunas observaciones a la acusación, Juárez pidió el viernes pasado al juez Richard Concepción Carhuancho la incautación definitiva de las cuentas bancarias y vehículos del Partido Nacionalista. “Se ha pedido el decomiso porque hay elementos de prueba que indican que esos bienes fueron adquiridos con dinero ilícito proveniente del lavado de activos. La disolución es la única medida que garantiza que el Partido Nacionalista no vuelva a cometer delitos”, enfatizó el fiscal. 

Tras conocerse esta posibilidad, el exmandatario afirmó, a través de su Twitter, que su partido es la única agrupación impedida de "utilizar sus cuentas para actividades políticas y electorales". En ese sentido, señaló que el "pedido de disolución del Partido Nacionalista y decomiso de sus cuentas vulnera el derecho fundamental a la participación política de más de 230 mil militantes a nivel nacional".

DATO

Juárez también ha pedido la disolución de la empresa Todo Graph y el decomiso definitivo de sus equipos de impresión. 

(Foto de cabecera: Composición)

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