¿Camino al archivo? Luego de que el pleno del Tribunal Constitucional (TC) decidió rechazar la incorporación de Gonzalo Ortiz de Zevallos como magistrado, resolvió sobre la admisión de la acción de competencias contra la disolución del Congreso, segundo tema agendado para su sesión plenaria de este jueves.
Sobre este último punto, los tribunos eligieron por mayoría al magistrado Carlos Ramos Núñez como el ponente que se encargará de presentar un borrador de informe respecto a si se admite a o no a trámite la demanda competencial que interpuso el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea.
Fuentes de El Comercio informaron que la votación estuvo reñida, entre los magistrados Carlos Ramos y Augusto Ferrero. Ramos obtuvo los votos de Manuel Miranda (vicepresidente del TC), Marianella Ledesma, Esloy Espinosa-Saldaña, quien lo propuso en el caso, y su propio voto. Mientras que Ferrero, a su voto se sumó el de Ernesto Blume (presidente del TC) y José Luis Sardón.
Tras su designación, Ramos afirmó que se encuentra frente a una responsabilidad histórica y a un enorme compromiso. Remarcó además que el TC siempre ha actuado con autonomía y puntualizó que ello lo ha demostrado “en todo este tiempo en los casos emblemáticos”.
“Esta es una responsabilidad que no ocurre todos los días, más allá de las responsabilidades personales que nos toca, es algo de carácter histórico y es un enorme compromiso para todos”, aseguró al ser consultado sobre la importancia del caso que tiene en sus manos.
El magistrado del TC manifestó que no ha habido ningún adelanto de opinión por parte suya o de algún otro integrante del tribunal sobre la posible admisibilidad o no de la medida planteada por Pedro Olaechea. “Las opiniones de los magistrados se dan en el marco del proceso [...] No había ningún proceso ingresado en el TC [...] Ingresó hace poco, ahora yo soy ponente y no puedo en estas condiciones hacer ningún adelanto de opinión”, manifestó.
Además de solicitar la nulidad de la disolución del Parlamento, la demanda de Olaechea pide que se defina si el Ejecutivo tiene competencia para plantear una cuestión de confianza sobre atribuciones del Legislativo. Esto en referencia al planteamiento que el entonces primer ministro, Salvador del Solar, presentó sobre el proceso de selección de magistrados del TC, el 30 de setiembre.
En el recurso de Olaechea también se pide al TC que declare que la cuestión de confianza solo puede ser otorgada por el Legislativo de manera expresa a través de una votación en el Pleno del Congreso y no de manera tácita o fáctica. Cuando el presidente Martín Vizcarra anunció la disolución del Parlamento, dijo que tomó la decisión ante la negación fáctica de la cuestión de confianza que su gobierno había planteado ese día.
Asimismo, Olaechea presentó una medida cautelar para que se suspendan los efectos del decreto supremo que oficializó la disolución del Congreso y que convocó a elecciones parlamentarias para 26 de enero del 2020.
(Foto de cabecera: Captura)
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