El fiscal supremo Pablo Sánchez alertó de los riesgos que afronta la Junta de Fiscales Supremos, la máxima instancia deliberativa del Ministerio Público, al quedar bajo el control de investigados por el caso 'Los cuellos blancos del puerto'.
En un comunicado, el magistrado, que fue apartado hace dos días de todas las investigaciones que venía conduciendo sobre la presunta organización criminal, precisamente con los votos de tres de sus colegas implicados en el caso que hacen mayoría en la Junta de Fiscales Supremos, expresó su preocupación por esa situación atípica.
"Debo expresar mi preocupación por la situación que actualmente atravesamos en la Junta de Fiscales Supremos, frente a una mayoría que podría decidir diversos aspectos que no necesariamente están expresados como facultad de este colegiado en nuestra Ley Orgánica", se lee en el documento.
El también ex fiscal de la Nación pidió respaldo para la lucha contra la corrupción, en medio de una coyuntura clave, para evitar socavar desde la misma fiscalía los casos emblemáticos, como 'Los cuellos bancos' o Lava Jato.
"Por el bien de mi institución, espero que se deje trabajar ahora a la señora Fiscal de la Nación y a los fiscales que valientemente luchan contra la corrupción y por eliminar una oscura etapa de impunidad de nuestro país", agregó Sánchez, quien precisó que tiene a su cargo 20 carpetas fiscales relacionadas al caso.
La investigación fiscal determinó que el exjuez supremo César Hinostroza y el extitular del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Aguila promovieron y aseguraron la elección de Pedro Chávarry como fiscal de la Nación para favorecer las actividades y dar protección a 'Los cuellos blancos del puerto'.
Por ello Sánchez incluyó a Chávarry en su investigación y lo señaló como una pieza clave de la organización, junto el fiscal Víctor Raúl Rodríguez Monteza, el también miembro de la Junta de Fiscales Supremos. Chávarry contraacató, y con los votos de Rodríguez y Tomás Gálvez, vinculado también a 'Los cuellos blancos', logró apartar del caso a Sánchez, con una votación de 3-2.
"Pese a los constantes ataques e infamias de algunos investigados, he desarrollado la investigación con independencia, autonomía y plena objetividad; utilizando los medios modernos para casos complejos. Estimo que la investigación continuará en el despacho de la fiscalía de la Nación con las mismas líneas estratégicas e hipótesis de trabajo".
Así, los tres fiscales supremos que apartaron a Sánchez de las pesquisas alegaron que, por ley, las indagaciones a altos funcionarios con antejuicio político, como lo son los fiscales supremos, deben estar a cargo de la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos. Por ello, Gálvez afirmó que "la investigación iniciada por Sánchez es nula y configura delito de usurpación de funciones".
Pero se trata de un argumento falaz, porque Sánchez Velarde tomó las riendas del caso luego de que el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, se inhibió luego de que se hicieron públicas sus conversaciones con una de las cabezas de la presunta organización: César Hinostroza. Luego, cuando Ávalos asumió la fiscalía de la Nación a inicios del año, decidió que Sánchez continuara con las pesquisas.
Es decir, Sánchez ha tenido este caso por más de 10 meses en los que Ávalos está al frente del Ministerio Público, pero recién ahora los fiscales supremos implicados en la trama ponen objeciones. Quizá porque el estado de las investigaciones, que los alcanzaba con meridiana claridad.
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