Con la disolución constitucional del Congreso de la República se dispuso también el cese de todo el personal de confianza que fue contratado por los legisladores, con excepción de quienes trabajan con los integrantes de la Comisión Permanente y la Mesa Directiva, según establece la resolución 558-2019-DRRHH-DGA-CR.
La norma, a la que tuvo acceso El Comercio, precisa que el fin del vínculo laboral del personal de confianza fue el 30 de setiembre del 2019, el mismo día en que se emitió el decreto que disolvía el Parlamento.
La disposición, firmada por la jefa del Departamento de Recursos Humanos, añade que se autoriza al inicio de las acciones para la "liquidación de las obligaciones y/o beneficios sociales que corresponde por ley".
Así, se separará a todo el personal de confianza del Congreso menos del despacho de la presidencia, las vicepresidencias, de los miembros titulares de la Comisión Permanente y de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
La resolución también exonera de esta medida a la Oficina Nacional del Parlamento Andino y los despachos de los parlamentarios andinos.
"La Mesa Directiva del Congreso de la República acuerda, en su artículo primero 'Dar por concluido, por razones de fuerza mayor, a partir del 1 de octubre de 2019, el vínculo laboral con el Congreso de la República del personal de confianza de la Organización Parlamentaria perteneciente a los Decretos Legislativos 728 y 1057, que no se encuentren comprendidos en: los despachos de la Presidencia y Vicepresidencias; los despachos congresales de los miembros natos y titulares de la Comisión Permanente, Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Oficina Nacional del Parlamento Andino y despachos de los parlamentarios andinos".
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