Por Joselyn Leyva
Estefany Flores denunció a su ex pareja, José Luis Falcón, con quien convivió por 4 años, por intento de feminicidio. Las medidas de protección llegaron tarde, dos semanas después de que la joven pidiera ayuda a las autoridades, fue asesinada. La ex pareja de Julia Rayme tenía prohibido acercarse a ella. A pesar de que el mandato judicial ordenaba la intervención de la policía para impedir nuevas agresiones, el oficial en retiro y padre de sus tres hijos, Julio César Ganoza, la mató a nueve balazos en plena calle.
Al igual que Stefany y Julia, la joven Isabel Meza decidió denunciar a su pareja, Julio César Chávez, por violencia física y psicológica. Con la asesoría legal del Centro de Emergencia Mujer de Cañete, Meza se separó del agresor. El Primer Juzgado Mixto de Mala le otorgó medidas de protección y le ordenó a Chávez el cese de las agresiones y que acuda a una terapia psicológica. Julio convenció a Isabel de regresar, meses después la joven apareció muerta en su habitación.
Estos casos forman parte de aquellas historias de mujeres que por más que han buscado ayuda en las autoridades no han podido ganarle la batalla a la violencia machista. De esta situación, la Defensoría del Pueblo encontró que se solicitaron 44,983 medidas de protección a favor de las víctimas, de las cuales solo se concedieron y ejecutaron 296, lo que representa menos del 1%.
¿De qué valen los esfuerzos del Ejecutivo por luchar contra la violencia hacía la mujer haciendo una inversión histórica de S/.260 millones, y de que se hayan implementado nuevos Centros de Emergencia Mujer (CEM) en comisarías si las mujeres siguen muriendo, si 7 de cada 10 mujeres son violentadas según INEI al 2019?
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha informado que entre enero y agosto de este año, la Línea 100 ha recibido 79 mil 461 llamadas sobre violencia de género. El 82% de llamadas fueron hechas por mujeres y el 18% por hombres y que todos los casos que fueron atendidos se derivaron a los Centros de Emergencia Mujer(CEM) de todo el país.
El problema (o uno de ellos, más bien) es que, según el último informe de la supervisión nacional de los CEM que hizo la Defensoría del pueblo, de esas agencias especializadas en brindar ayuda con información, orientación y contención psicológica, emocional a las víctimas solo el 20% a nivel nacional realmente dan atención de manera permanente y con el personal suficiente. Las cifras del espanto, entonces, tienen una explicación.
En un intento de buscar respuestas y soluciones respecto a esta problemática, MQT acudió a algunas voces autorizadas que trabajan de cerca los casos de violencia de género. La abogada Cinthya Silva, Coordinadora del Curso Nacional de Capacitación de Operadores de Justicia comentó que una de las mayores dificultades que afrontan los CEM es la falta de personal, su escasa preparación para estos temas e incluso que los propios operadores encargados de recibir y atender estas denuncias compartan los estereotipos de género.
“El Estado tiene la obligación de capacitar a los operadores y darle las herramientas para la transformación de los patrones culturales discriminatorios y la remoción de los estereotipos que impiden ver la violencia como una conducta ilícita”, dijo.
Sin embargo, de acuerdo con Eliana Revollar, Adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, en un viaje de supervisión llevado a cabo en el mes de agosto de este año, se constató que 52 CEM no atendían feminicidios, 87 no atendían a migrantes y 100 no atendían violencia ocurrida por medio de tecnologías digitales. El panorama no es mejor en la infraestructura ya que el 25 % de los CEM supervisados no disponían de servicios higiénicos, 28 % no tenían acceso a agua potable y 27 % no contaba con conexión a internet.
Por otra parte, se detectó que el 45 % de CEM regulares y el 71% de CEM ubicados en comisarías no tienen cubiertas todas las plazas del equipo multidisciplinario (psicóloga, trabajador social y asistente legal), afectando de esta forma a las víctimas de violencia al no tener pleno y total acceso a dichos servicios especializados.
Un caso particularmente grave detectado por la Defensoría del pueblo se presentó en la provincia de Cajatambo el pasado mes de agosto. Allí, una trabajadora del CEM de la región denunció que su local lleva varias semanas sin personal, aparte de ella misma que ejerce el cargo de asesora legal, sin que hasta la fecha las autoridades locales hayan cubierto dichas plazas. Aún así, el Centro ha debido atender más de 45 denuncias de violencia contra la mujer y el grupo familiar.
Sobre la falta de empatía de los trabajadores, que realizan abandono laboral, la abogada Silva mencionó que también se debía a una situación estructural de la que el Estado no se está haciendo cargo a fondo. “No cualquier abogado, psicóloga o asistenta social pueden ser parte del CEM, hay que prepararlos y darle un seguimiento al síndrome de agotamiento profesional que afecta la vida personal y emocional de estos trabajadores”, agregó.
También mencionó que los abogados deben ser procesalistas y con enfoque de género porque los penalistas solo consideran los hechos que configuren delitos y muchas veces dejan fuera casos que pueden sancionarse.
“Si los CEM no comprenden bien la historia y no le creen a las mujeres, entonces dejamos el mensaje de que nadie las puede proteger y que lo que sucede no es significativo. Hay más de 50 % de absoluciones, sólo teniendo en cuenta a las mujeres que tienen acceso a este servicio y no al total de víctimas que sufren de violencia”.
Si bien hay una fluida atención para recepcionar las denuncias por violencia, las evaluaciones indican que no se hace un verdadero seguimiento a los procesos. “El MIMP debe saber cuántas víctimas no continúan con la denuncia, cuántas regresan con su agresor y por qué lo hacen. ¿Qué pasa en el proceso? es algo que el programa de los CEM aún no tiene claro”, concluyó Eliana Revollar.
Otra de las recomendaciones en las que coincidió con la abogada Silva fue que los gobiernos locales, responsables de los CEM regulares, deben pasar por un proceso riguroso de selección respecto a las autoridades que asumen los cargos: evitar, por ejemplo, que los funcionarios públicos tengan denuncias por violencia familiar, como sucedió en el caso del alcalde del distrito Mariano Melgar en Arequipa, Percy Luis Cornejo Barragán.
En los últimos años ha habido un incremento en el presupuesto del Estado para temas de violencia, también se ha implementado la Reforma Política con Igualdad de Género, se están creando más centros para la atención de estos casos. Sin embargo, queda claro que no sólo se trata de atender la emergencia sino que se tiene que trabajar en la correcta ejecución y el eficaz procesamiento de los casos, entendiendo que la prevención del problema y el acompañamiento adecuado a las víctimas deben tener la misma prioridad que la sanción a los agresores.
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