El caso Gasoducto Sur Peruano (GSP) sigue su curso en el Equipo Especial Lava Jato. A unas semanas de descartar que la empresa Odebrecht no haya pagado sobornos por esa obra, adjudicada durante el gobierno de Ollanta Humala, la fiscal Geovana Mori decidió incluir en las investigaciones a cuatro exministros de su gestión, a quienes se les imputa el presunto delito de colusión.

Según 'Cuarto Poder', se trata del exministro de Energía y Minas Jorge Merino Tafur; del extitular de Vivienda, Construcción y Saneamiento René Cornejo Díaz; del exresponsable de Transportes y Comunicaciones Carlos Paredes Rodríguez; y del extitular de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla. Los cuatro serán investigados por su participación en la licitación cuando fueron ministros y a la vez integrantes del Consejo Directivo de Proinversión. 

El Ministerio Público tiene la hipótesis que los exfuncionarios se habrían coludido para favorecer a Odebrecht, al entregarle la buena pro del proyecto energético, a pesar de las irregularidades detectadas. Según la fiscal Mori, una de las decisiones claves fue la creación de un comité de pro seguridad energética para realizar el proceso de licitación, a pesar de que ya existía un comité pro conectividad encargado de los proyectos de energía e hidrocarburos. 

La fiscalía también pudo corroborar que en las actas de Proinversión del 2014 se modificó el cronograma de actos de la licitación del proyecto constantemente,  al demostrar un retraso para que empiece el proceso. Para el Equipo Especial Lava Jato, con esa demora se buscó favorecer a la empresa brasileña, pues aún no estaba preparada para afrontar un proyecto de ese tamaño y costo. 

Un testigo reservado del Ministerio Público señaló que “Jorge Barata se comunica con Nadine Heredia y le pide retrasar el inicio de la licitación internacional porque no estaban preparados aún; ella accede y hace las gestiones, no recordando si fue con el ministro de Energía y Minas o el presidente de Proinversión, siendo que efectivamente se retrasa varias veces el inicio de la licitación”. De acuerdo con esa declaración, esto sucedió entre final del 2013 y comienzos del 2014.

Asimismo, la fiscal Mori maneja otro indicio recogido durante el allanamiento en julio que le han permitido intuir que los cuatro exministros del gobierno de Ollanta Humala habrían intervenido en la decisión que en el mismo 2014 descalificó al consorcio que competía con Odebrecht por el megaproyecto. El indicio que sostiene esta aseveración es un correo electrónico del 26 de junio del 2014 de Luis Peschiera Rubini, exabogado del estudio Delmar Urgarte: “Angie, búscame en mi oficina apenas puedas. ¿Los ministros nos piden una posición en media hora?”. 

Todo indica que Peschiera y el abogado Miguel Ángel Ronceros Neciosup, otro exintegrante del estudio de abogados, fueron consultados por los exministros sobre la reducción de acciones que realizó una de las empresas del consorcio competidor de Odebrecht. Esto habría ocasionado la descalificación del grupo, con lo que quedó la constructora brasileña con el camino libre para la adjudicación del Gasoducto Sur Peruano. 

La fiscal del Equipo Especial Lava Jato también investiga el proyecto previo, que se llamó Gasoducto Andino del Sur, en el que también estuvo involucrada Odebrecht y que se gestó durante el gobierno de Alan García (2006-2011). La fiscalía ya tiene previsto que el exrepresentante de la constructora brasileña en Perú, Jorge Barata, hable de ambos proyectos la semana siguiente durante el nuevo interrogatorio en Curitiba (Brasil) al que será sometido en octubre.

(Foto de cabecera: Andina)

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