El Ministerio Público avanza en el proceso de investigación por el caso del 'Club de la Construcción', el presunto grupo de compañías que se coludieron para repartirse millonarias licitaciones del Estado. Así lo demuestra la resolución de la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, con fecha 11 de setiembre, en la que se admite a trámite la inclusión de 18 empresas al proceso contra el representante legal de la Constructora Málaga Hnos S.A., Félix Málaga Torres, quien es investigado por el delito contra la administración pública, colusión agravada, entre otros.

Según el documento del Poder Judicial, al que tuvo acceso LaMula, la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios solicitó la incorporación de las siguientes empresas:

Cosapi S.A., GyM S.A., Obras de Ingeniería S.A., Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., Construcción y Administración S.A., Constructora Málaga Hermanos S.A., Johe S.A., San Martín Contratistas Generales S.A., Grupo Plaza S.A., Queiroz Galvao S.A. sucursal Perú, Andrade Gutiérrez Engenharia S.A. sucursal Perú, Monta-Engil S.A., Superconcreto de Perú S.A., Energoprojekt Niskogradnja sucursal del Perú S.A., Conalvias Construcciones S.A., Obrascon Huarte Lain sucursal del Perú S.A., Constructores y Mineros Constrastitas Generales S.A., y Constructora OAS sucursal Perú.

La jueza señala en su resolución que, en la revisión de los elementos de convicción que sustenta este requerimiento, se advierte que existen "facturas que son elegibles al monto, fecha y nombre de beneficiario". "Por lo que deberá requerirse al representante del Ministerio Público facilite la lectura en sede fiscal, de los elementos de convicción señalados, a los sujetos procesales, quienes deberán revisarlos de considerarlo pertinente; asimismo, el representante del Ministerio Pública deberá contar en la respectiva audiencia con los elementos de convicción (facturas en original)", se lee en el documento.

En enero del 2018, la jueza anticorrupción María de los Ángeles Álvarez, la misma magistrada que se encargó del control de legalidad al acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, dictó una orden de prisión preventiva de 18 meses contra cinco personas imputadas en el caso del denominado ‘Club de la Construcción’.

Álvarez ordenó que el exasesor del Ministerio de Transportes (MTC) Carlos García Alcázar sea internado en un penal de la capital y dispuso la ubicación y captura de Rodolfo Prialé de la Peña (sindicado como coordinador del ‘club’), Paul Tejeda Moscoso (Obrainsa), Félix Málaga (Málaga Hermanos) y Luis Prevoo (presunto socio de Prialé).

Para tomar su decisión, la magistrada consideró que la declaración que rindió el aspirante a colaborador eficaz 06-2017 –identificado como un directivo de Odebrecht– había sido plenamente corroborada por el Ministerio Público. Según la versión del aspirante a colaborador, el exdirector de contratos de Odebrecht Renato Ribeiro Bortoletti fue quien le habría informado sobre la existencia del ‘club’ y que la constructora brasileña era parte de este grupo antes del 2012.

“El colaborador eficaz señala que el señor Renato Ribeiro Bortoletti tomó conocimiento de la existencia del ‘club’ aproximadamente en el segundo semestre del 2012, en circunstancias en que la empresa a la que representaba estaba buscando oportunidades en el sur del país, teniendo contactos con diversos representantes de empresas peruanas y extranjeras”, detalla el documento de la fiscalía publicado por El Comercio.

Días más tarde de emitida la resolución de Álvarez, la Sala Penal Nacional de Apelaciones del Sistema Anticorrupción confirmó los 18 meses de prisión preventiva para Carlos Eugenio García Alcázar, Rodolfo Prialé de la Peña, Elard Paul Alejandro Tejeda Moscoso y Luis Humberto Prevoo Neira. Pero el colegiado que preside la jueza Susana Castañeda Otsu decidió revocar la prisión preventiva para Málaga Torres y ordenó comparecencia con restricciones y reglas de conducta en el proceso.

Su empresa, en cambio no ha tenido la misma suerte. La Sala Penal Anticorrupción Judicial ratificó en marzo de este año la medida solicitada por la Procuraduría ad hoc para Constructora Málaga Hnos S.A. Esta solicitud de la Procuraduría ad hoc consistía en embargos por S/ 14 millones y una orden de inhibición para distintos muebles e inmuebles de la compañía. En total, son 13 propiedades las que se encuentran inmovilizadas por el Estado como garantía.

Siguen contratando

Hace solo unas semanas “Punto Final” reveló que nueve empresas denunciadas por presuntamente pertenecer al 'Club de la Construcción' continúan contratando con el Estado, pese a las investigaciones en su contra. Algunas de estas empresas son ICCGSA, OHL, Cosapi, CyM Constructores y Mineros, JOHE S.A., Motaengil y Energoprojekt, las cuales no están impedidas de realizar obras públicas hasta que no se les dicte una sentencia condenatoria en su contra.

En el caso de Cosapi, esta se adjudicó una obra de S/ 500 millones de para los Juegos Panamericanos Lima 2019. Asimismo, CyM Constructores y Mineros contrató por S/ 55 millones para una carretera en Cusco y por obras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por S/54 millones. Sin embargo, los casos más llamativos son los de las empresas Motaengil y Energoprojekt. La primera el 2018 contrató 4 veces con el MTC por una suma aproximada de S/ 180 millones, mientras que la segunda lo hizo por S/ 188 millones.

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