La Contraloría General de la República reveló que, en las cuestionadas gestiones de Luis Galarreta y Luz Salgado (Fuerza Popular) como presidentes del Congreso, se hicieron nombramientos indebidos de al menos 17 trabajadores, lo que además confirma las irregularidades denunciadas en su momento por la prensa.  

Un informe de auditoría sobre la evaluación hecha al período que inicia el 1 de agosto del 2016 hasta el 31 de agosto del 2018, da cuenta que 10 trabajadores fueron contratados por acuerdo de la Mesa Directiva del Congreso. Otros seis fueron contratados por contar con más de cinco años de servicios y uno por mandato judicial. 

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Pero la Contraloría sostiene en su informe que los trabajadores no reunían los requisitos necesarios para ser contratados con plazo indeterminado por el fujimorismo. Entre los diez beneficiados inicialmente con condición de trabajo, están Luis Mejía Lecca, el extesorero de Fuerza Popular, implicado en el caso Odebrecht y colaborador de la fiscalía, y Christian Peralta, ex jefe de prensa del Parlamento y de Fuerza Popular.

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Otro nombre cuestionado que aparece en el documento de la auditoría es el de Wilfredo Ponce de León, quien trabajó en la Oficina de Asesoría Jurídica del Congreso y se presentó como abogado de Keiko Fujimori para buscar a dos testigos, con el fin de indagar un presunto vínculo familiar entre el fiscal Rafael Vela y personas allegadas al congresista Rolando Reátegui.

La Contraloría precisó en su informe que entre los requisitos para ser contratado a plazo indeterminado los trabajadores deben cumplir con "un mínimo de cinco años continuos y una evaluación previa sobre las actitudes, competencia, desempeño y resultado, para cuyo efecto deberá contarse con las referencias de los funcionarios responsables".

El documento añade que "de la documentación alcanzada a la comisión auditora, no se evidenció que los diez trabajadores cumplían con dichos requisitos". En el caso de los trabajadores Juan Rengifo Bahamonde, Magali Andaviza Graos y Omar Moscaiza Moncada, la Contraloría "verificó que en su legajo no hay documentación que acredite el requerimiento o solicitud del área usuaria para su contratación”.

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