El Equipo Especial Lava Jato, encabezado por el fiscal Rafael Vela Barba, alertó que la nueva ley de financiamiento ilícito de partidos políticos, que fue aprobada en el Congreso como parte de la reforma política propuesta por el Ejecutivo, puede ser usada para beneficiar a investigados por aportes de campaña ilegales.
En un oficio remitido a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en el que solicitan un pronunciamiento institucional sobre este asunto, los fiscales del equipo especial sostienen que mientras la ley de lavado de activos, bajo la cual son investigados los dirigentes de organizaciones políticas implicados en el caso Lava Jato, tiene penas entre 10 y 20 años de cárcel, la nueva ley de financiamiento ilícito fija penas menores: entre dos y cinco años.
Así, remarcan, la referida norma puede ser "instrumentalizada por las personas que actualmente están sometidas a investigaciones penales en el Equipo Especial de fiscales", se lee en el documento que cita El Comercio. También advierten que esa ley podría usarse como "mecanismo de reducción penal" a favor de los imputados por los aportes ilícitos, en un contexto en el que ya se formalizaron acusaciones en contra de varios de estos.
Por último, el equipo especial señala que los cargos por lavado de activos contra los imputados por el caso Lava Jato ya están sustentados en la carpetas fiscales y cumplen "con los elementos normativos que dicho tipo penal requiere", por lo que no podrían ser procesados bajo la nueva ley.
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